¡Violencia electoral!

Poza Rica, Ver.- Tras el artero asesinato de José Melquiades Vázquez, los “focos rojos” se encendieron en Veracruz que históricamente ha sido uno de los estados que tiene antecedentes graves de violencia político-electoral y hasta el momento suman 5 políticos ejecutados.

A balazos le fue quitada la vida en La Perla, a José Melquiades, quien era aspirante a una candidatura a la presidencia municipal. El hecho de sangre se suma a la fila de ejecuciones violentas que han sufrido otros políticos, al menos cinco, en lo que va del proceso electoral, mientras que otros aspirantes tanto en la zona sur como en el norte de la entidad han denunciado amenazas y acoso personal, así como a sus familiares.

En la lista de asesinatos se encuentran Carla Enríquez Merlín, precandidata de Morena, a la diputación local en Cosoleacaque; Gilberto Ortiz, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván; Domingo Panzo, aspirante del PAN a la diputación local en Zongolica y Manuel Dimas Cristóbal, aspirante a la alcaldía en Tierra Blanca, por Morena.

A lo anterior se suman otros casos donde los aspirantes de distintos partidos políticos han hecho públicas sus denuncias por amenazas y acoso contra su persona. Esto ha despertado la alerta electoral en toda la entidad veracruzana, por los antecedentes que ya se tienen en procesos anteriores.

Autoridades electorales advirtieron sobre el riesgo latente que existe sobre aspirantes y candidatos de ser presionados por la delincuencia en cada una de las regiones del territorio veracruzano.

De acuerdo con datos a nivel nacional las entidades con mayor riesgo de violencia electoral son: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.

De septiembre del 2020 a febrero del 2021 se han registrado 73 delitos en el país ligados con acontecimientos políticos y se han presentando 64 víctimas de homicidios, de acuerdo con datos revelados por la agencia de noticias Reforma.

Como antecedentes se sabe que en otros procesos electorales han prevalecido acciones como campañas de miedo para intimidar, homicidios, secuestros, extorsión, intimidación de familias, quema de domicilios, amenazas y cooptación.

Lo anterior orilla a las autoridades a tomar acciones como brindar protección a los candidatos amenazados, reforzar las estrategias de seguridad en el estado y en los municipios de alto riesgo, atender denuncias previa apertura de carpetas de investigación y desplegar acciones de blindaje electoral.

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