Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el ente local de revisar el desempeño de los ayuntamientos y los tres Poderes del Estado, finalizó entre los 8 más pobres del país, revela un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Al publicar el Informe Legislativo, el IMCO advierte que la auditoría local estatal de Veracruz acabó en el lugar 24 de 32 en México, al ejercer un 20 por ciento del presupuesto asignado al Poder Legislativo.
Este corresponde a una proporción del gasto invertido en el ORFIS en relación a cada uno de los habitantes del país, y en que en el estado de Veracruz es por debajo del promedio nacional de un 25 por ciento correspondiente a las legislaturas.
Abajo del ORFIS; Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Durango y Morelos destacan entre los que menos presupuesto cuenta su auditoría local.
Otro punto que observa el IMCO es que mientras la mitad de las entidades elevaron el presupuesto de sus auditorías locales, en Veracruz el ORFIS no tuvo incremento en su presupuesto para vigilar el desempeño de las dependencias locales.
Son los casos de Yucatán que inyectó un 23% más de recursos a su auditoría local, y le sigue Estado de México, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Colima, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León y Chiapas.
No así Veracruz, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Morelos y Coahuila, donde el presupuesto no aumentó.
“La simple amenaza de recortes presupuestales es particularmente costosa para la lucha contra la corrupción ya que impide a los auditores estatales desempeñar sus funciones con libertad de presiones”, dictamina el Instituto Mexicano de la Competitividad.
El ente de competitividad señala que entre la crisis económica y la crisis sanitaria, los estados han tenido que reducir o re-orientar recursos para adaptarse a una nueva realidad y esto también ha influido en la variación del presupuesto destinado a las auditorías. Por lo anterior el IMCO recomienda incluir la participación de consejos ciudadanos en los procesos de elección de auditores.