Xalapa, Ver.- La Secretaría de Salud deberá comprobar que las pruebas rápidas para VIH que aplicó a mujeres embarazadas, desde el 2014, no pertenecían al lote de 70 mil que se detectaron defectuosas o de lo contrario se enfrentará un problema severo en materia de salud, expresó Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial en VIH.
En entrevista explicó que durante la gestión de Pablo Anaya, la Secretaría compró 70 mil pruebas rápidas de VIH, específicamente para aplicarlas a mujeres embarazadas como parte de las medidas preventivas de transmisión, las cuales fueron detectadas como defectuosas cuando se les “testeó” y por ello se exigió que no fueran aplicadas, pues daban resultados “falsos negativos”.
La manera en la que el Grupo Multisectorial evaluó estas pruebas, fue aplicándolas a personas portadoras de VIH que colaboran con ellos y al ver que en los resultados no registraban la presencia del virus, estas fueron rechazadas, a lo que la Secretaría de Salud dijo que las verificaría.
Dijo que en su momento el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que desde entonces está a cargo de Aurora Parissi, hizo análisis y -pese a la evidencia presentada originalmente- avaló esas pruebas que el Grupo Multisectorial rechazó.
Por ello se insistió en la exigencia para que no se aplicaran, a lo que en aquel entonces la dependencia habría accedido, retirando el lote en ese momento, sin embargo no se informó cuál fue el destino de estos materiales.
En aquel momento se compró un nuevo lote de pruebas, “que si cumplía con la calidad requerida”, sin embargo sigue la incertidumbre respecto del paquete que estaban defectuosas, reconoció la activista, pues a la fecha no se ha informado sobre qué ocurrió con esas pruebas que fueron rechazadas.
Dijo que por ello la Secretaría de Salud, en este momento, debe acreditar que esas pruebas no fueron utilizadas y que habrían sido destruías conforme a la norma, pues de lo contrario tendrán que buscar a todas aquellas mujeres embarazadas que en ese momento fueron sometidas a esas pruebas y verificar su estado de salud.
Esta situación es un problema severo, pues además pone en duda el trabajo que se ha llevado a cabo en materia de prevención, lo que pudiera reducir la confianza de la población para realizarse pruebas, aún para aquellas que son entregadas por la fundación AHF, que es con las que trabaja desde hace cinco años en el Grupo Multisectorial.
“La postura del Grupo Multisectorial es rotunda, no queremos declaraciones, queremos resultados, en las manos del actual secretario están los papeles, los documentos, déjate las denuncias, los papeles, para garantizar si esas pruebas no se aplicaron, eso nos preocupa, si esas pruebas se aplicaron estamos en graves problemas”, dijo.
Agregó que “no podemos asegurar que fueron aplicadas, no nos consta, pero si fueron aplicadas estamos en problemas, si eso fuera tendrían que llamar a todas aquellas mujeres embarazadas a las que se les aplicó la prueba y se les dijo que no tenían problema -para rehacerles la prueba-, porque son dos vidas”.
Sobre si presentarían una denuncia penal, como organización de contraloría social, en contra de quienes tengan responsabilidad en estos hechos, dijo que están evaluando el tema, pues tienen que verificar si tienen la atribución legal para hacerlo, de lo contrario dijo que acompañarían a quienes sintieran vulnerados sus derechos para proceder legalmente.
(AVC/Brisa Gómez)
