Querían alterar certificado de defunción

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Poza Rica, Ver.- Luego de intensa agonía, murió la mañana del martes la profesora jubilada Lucila González Hernández, quien tuvo su domicilio en el municipio de Castillo de Teayo y quien hace dos días sufrió tremendo accidente en el interior de la tienda Coppel, mismo que le provocó severo traumatismo craneoencefálico que la mando directo al Hospital Regional, donde se negaron a atenderla ya que presentó síntomas de COVID-19 y fue llevada al hospital del ISSSTE donde era beneficiaria.

Al ingresar al ISSSTE de Poza Rica, la prueba COVID salió positiva y para empezar le pidieron a su hijo comprara el medicamento porque ellos no lo tenían y se vio en la necesidad de adquirirlos para que se los aplicaran.

Pero respecto a la causa del ingreso de la maestra, realmente grave y a consecuencia de la caída en la tienda Coppel de la zona centro sufrió un severo TCE que a su vez trajo una hemorragia cerebral a la jubilada, el director del ISSSTE dijo a familiares que era necesaria la atención de un neurocirujano, pero que buscaran por fuera porque el ISSSTE no tenía dinero para ello, cuando es su obligación subrogar la atención para sus derechohabientes, quienes con sus cuotas mantienen el hospital.

Por ello podrían denunciar un posible acto de negligencia médica, ya que la docente no fue atendida del traumatismo y la hemorragia finalmente provocó su deceso.

El hijo de la finada argumentó que el ISSSTE había dicho que la paciente murió por COVID, lo que representa una mentira, podría haber agravado su situación, pero la causa real de su ingreso fue por traumatismo craneoencefálico.

Es rara la actitud del director del ISSSTE quien busca afectarlos, ya que si omiten el accidente el seguro de vida solo pagaría la suma asegurada normal y por tratarse de accidente la suma sube.

Pero el argumento era que por protocolo en casos de Covid no se realizan necropsias (aunque sí las han realizado) para evitar poner en peligro a los médicos forenses.

El caso sería tratado por la Fiscalía Tercera que analizaba la realización de la necropsia o en su caso asentar el accidente como causa determinante de la muerte, aunque la empresa Coppel se lavó las manos tras el percance que quitó la vida a la maestra jubilada.

Por Jorge Gómez Moreno

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