Propone GLPRI creación de Ley de Cultura y Derechos Culturales

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Monterrey:- Con el respaldo de artistas locales, el Grupo Legislativo del PRI (GLPRI), por medio de la diputada Alhinna Vargas García, presentó este viernes una iniciativa de reforma para crear la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado.

La cual contempla la creación de un Consejo Consultivo de Cultura, y se compone de 53 artículos y tres transitorios.

Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la cultura que tiene toda persona, de que se facilite el trabajo de los artistas para que puedan exponer las diferentes manifestaciones del arte y de que Nuevo León salga de ese grupo de 7 estados que no cuentan con una Ley de Cultura Estatal.

Para entregar la propuesta, la legisladora local estuvo acompañada por los artistas Cuauhtémoc Zamudio, Juan Alanís, Ulises Carrera, Arol Greta, Rafael Blazquez y Carlos Ibarra.

    “Nos hemos dado a la tarea de realizar una revisión exhaustiva en esta materia y, lamentablemente, Nuevo León, siendo punta de lanza y siendo estado vanguardista y que pone el ejemplo en muchísimas cosas, es uno de los siete estados que no cuenta con una Ley de Cultura Estatal.

    “Se tendría que hacer un esfuerzo en conjunto con la ahora recién creada Secretaría de Cultura y con los gobiernos municipales que también tienen participación en la Ley, principalmente con la promoción, con la difusión y la facilitación de espacios”, precisó.

Además, en esta iniciativa se propone apoyar a las personas de escasos recursos y que tenga derechos a entrar a obras de teatro, museos u otras actividades culturales.

Para el escultor Cuauhtémoc Zamudio esta propuesta es el primer paso para hacer muchas cosas por los artistas, “quienes han estado desprotegidos por muchos años”.

Mientras que el cronista, actor y director Juan Alanís destacó que no se trata sólo de los artistas, “sino del trabajo de los artistas que debe de llegar al pueblo”.

Busca MC apoyar a personas con discapacidad intelectual

Con el fin de garantizar que las personas que tengan alguna discapacidad intelectual y que sean parte en un procedimiento administrativo tengan acceso efectivo a la justicia, Eduardo Gaona, coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó hoy una iniciativa para reformar la Ley de Justicia Administrativa para el estado y municipios de Nuevo León.

Dentro de la propuesta naranja se establece que las sentencias, resoluciones y acuerdos emitidos dentro del proceso judicial sean de fácil lectura.

Y que los órganos judiciales deberán emitir una versión adicional que contenga un lenguaje sencillo y sin tecnicismos legales.

    “Se pudo detectar la necesidad de hacer una reforma legislativa específicamente para colaborar con las personas que sufren alguna discapacidad intelectual.

    “Cuando las personas con discapacidad intelectual sean parte de un proceso judicial, que las resoluciones y las sentencias que se dicten en ese proceso judicial puedan ser en un formato de lectura fácil, esto con el objetivo de que se pueda entender a manera de ejemplos, sin tecnicismos, y en un formato que puedan entender”, precisó.

Por otra parte, este viernes el GLMC, pero en voz de la diputada Sandra Pámanes, presentó hoy junto al abogado Gabriel Velázquez una iniciativa para establecer un catálogo de delitos que contempla sanciones para las personas jurídicas.

    “Lamentablemente Nuevo León no lo ha hecho (establecer el catálogo); esto nos ha dejado fuera de sancionar a muchas instituciones y empresas que en algún sentido puedan estar cometiendo algún delito y que vaya en detrimento tanto del desarrollo de nuestra ciudad y nuestro estado”, señaló la legisladora.

Esto, agregó, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que los estados están obligados a establecer un catálogo de delitos para determinar la acción y responsabilidad penal de personas jurídicas, tales como delitos ambientales, por hechos de corrupción, por fraude o robo, entre otros.

    “Creo que Nuevo León no puede quedarse fuera de esta normativa que tanto ha funcionado en otros países como España y Chile; y que desde el 2016 ya se estableció en el Código Nacional de Procedimientos y en el nuevo Sistema Penal Oral para que cumpla los objetivos que estamos planteando”, puntualizó.

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