“Y está muy claro: vamos contra la inseguridad, que no haya duda. Vamos a tener paz y tranquilidad en todo México”, pronunció en 2012 el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional(PRI), Enrique Peña Nieto.
La Plaza Cívica Benito Juárez, situada en Ciudad Juárez, Chihuahua, a unos metros de la frontera entre México y Estados Unidos, aglomeraba al menos cuatro mil personas esa tarde de domingo. El termómetro marcaba 31 grados.
“No podemos caer en este juego de la política de sólo a veces llenar espacios con discursos y promesas vacías, que cuando se llega al gobierno la oferta y el ofrecimiento de campaña se olvida o se pierde”, añadió efusivamente el abanderado del PRI y también del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Era 1 de abril de 2012. El candidato cumplía tres días de campaña electoral.
La mayoría de los asistentes al mitin partidista eran simpatizantes que llevaban gorras, aplaudidores y matracas color rojo con logotipos del PRI. También había empleados de los gobierno estatal y municipal, “acarreados” y funcionarios de bajo nivel que acudían por “obligación”, según denunciaron en medios locales.
Enrique Peña Nieto llegó acompañado de su esposa Angélica Rivera Hurtado; Luis Videragay Caso, coordinador de campaña, y por el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Todos sonreían complacidos.
Desde esa fronteriza ciudad, golpeada históricamente por la violencia y la delincuencia, el aspirante presidencial prometió mejorar y lograr eficacia en el combate a la inseguridad.
Ahí firmó dos compromisos:
“Un nuevo modelo de formación y profesionalización policial, con academias regionales para entrenar a los policías de todos los niveles de gobierno” y “revisar condición fiscal [zona libre u otro], la competitividad y generación de empleos (Ciudad Juárez)”.
El resto de sus promesas de seguridad fueron realizadas en los estados de Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Estado de México y Yucatán.
Y A NIVEL NACIONAL: DE 7, SÓLO 1
De siete compromisos que signó Enrique Peña Nieto en materia de seguridad en todo del país, sólo uno cumplió.
Lejos de abatir la inseguridad y regresar la paz y libertad a los mexicanos, el mandatario nacional llega a su Sexto Informe de Gobierno con un fatídico desempeño en seguridad.
Especialistas en seguridad pública y académicos consultados por SinEmbargocalifican a la actual administración como un desastre en esta asignatura. Su fracaso se hace evidente en las cifras de violencia, pues éstas ya superaron a las de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien lideró un sexenio letal para los mexicanos, luego de lanzar su llamada “guerra” contra el crimen organizado.
José Antonio Álvarez León, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, destaca que los números demuestran que, en términos de violencia y de inseguridad, el actual Gobierno no cumplió.
“Además de que no disminuyó[los índices delictivos], se volvió más violento el escenario en México, particularmente cuando nos referimos a delitos de alto impacto”, comenta el especialista.
Santiago Roel, Director de Semáforo Delictivo, sentencia: “este sexenio va a terminar peor que el anterior, por lo menos en materia de homicidios […] y esto se debe a que continuó haciendo lo mismo: una guerra frontal para descabezar los carteles, para atrapar algunos capos y eso en lugar de resolver las cosas, las empeora”.
La actual administración acumula 130 mil 767 carpetas abiertas por homicidio doloso, desde diciembre de 2012 a julio de 2018. Son 27 mil 908 asesinatos más que los registrados en el período de Felipe Calderón, que sumó 102 mil 859 carpetas por homicidio doloso de diciembre de 2006 a noviembre de 2012.
“Los números hablan por sí solos”, detalla en entrevista con SinEmbargo el doctor José Antonio Álvarez León.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), explica que además la violencia se atomizó, es decir, dejó de estar concentrada en ciertas partes del país y se extendió a lo largo de todo el territorio.
“Me parece que la administración de EPN pasará a la historia como el sexenio más violento desde que tenemos una continuidad de registro de violencia en el México contemporáneo. El año pasado superamos todas las tasas que había desde 1997, en tres temas: robo a negocio, narcomenudeo y homicidio”.
De enero a julio de 2018 se han abierto 16 mil 339 carpetas de investigación que aglomeran al menos 18 mil 994 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo a cifras oficiales.
Julio fue el mes más sangriento en los últimos 20 años con un total de 3 mil 17 personas asesinadas [2 mil 599 carpetas de investigación abiertas]. Es así como la administración federal mantiene la racha de romper sus propios “récord de violencia por mes”.
Esa tendencia ha sido casi constante desde junio del año anterior, pues julio desplazó a mayo de 2018 que registró 2 mil 530 homicidios dolosos; mayo desplazó a octubre de 2017 –que registró con 2 mil 380 homicidios dolosos–, superando a junio, que reportó 2 mil 238 asesinatos, y a mayo de 2017, que registró 2 mil 193 asesinatos.
El director de Observatorio Ciudadano recuerda que Enrique Peña Nieto recibió el país con un comportamiento de homicidio a la baja y así siguió por varios meses.
México tenía una tasa de 18.33 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes cuando asumió el poder en 2012. En 2014 disminuyó 29.3 por ciento, a 12.96 por cada cien mil habitantes, y fue la tasa más baja del sexenio.
En la primera etapa de su mandato los indicadores mostraban un avance. El punto máximo de violencia estaba en 2011 y parecía que el país iba en camino a recuperarse de los efectos violentos de la guerra contra el narco de Calderón. Sin embargo, para 2015 la violencia nuevamente repuntó.
“El problema es que se tomaron malas decisiones, a nivel local y a nivel nacional, que nos llevaron a este desastre que vivimos en este momento”, recapitula Rivas.
Para 2016, con un total de 20 mil 547 carpetas de investigación abiertas, el homicidio doloso subió 21.51 por ciento: 3 mil 638 carpetas más que en el 2015, que reportó 16 mil 909 casos, según muestran las cifras oficiales. La tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes subió de 13.97 a 16.80, es decir, 16.84 por ciento.
En 2017, la tasa fue de 20.50 homicidios por cada cien mil habitantes, un alza de 22.02 por ciento con respecto a 2016, que reportó una tasa de 16.80 y creció 58.17 por ciento en comparación con 2014 [con 12.96 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes]. Respecto a 2013, el primer año de este sexenio, la tasa se acrecentó un 11.83 por ciento.
Hoy en día, la tasa es de “25 homicidios por cada 100 mil habitantes”, según declaró recientemente la próxima Secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero.
LOS GRANDES ERRORES
Los especialistas Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano; Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, y el doctor en derecho José Antonio Álvarez León coinciden en que el fracaso es porque el Ejecutivo y su gabinete perpetuaron la misma estrategia de Felipe Calderón, tomaron malas decisiones, no reconocieron sus errores y, por ende, no los corrigieron.
Francisco Rivas piensa que, además de eso, el Gobierno federal erró al signar un pacto de civilidad con los gobiernos estales y ahora toda la retórica es sólo contra el Presidente.
“Son muchos factores. Las decisiones que sientan las bases [de la debacle] son: la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública por una Comisión Nacional de Seguridad. El nombramiento y las decisiones que toma Manuel Mondragón, me parece que acabó dañando mucho la estructura de la Policía Federal y Comisión Nacional. Y la decisión de ir tras los capos, es decir este descabezamiento de estructuras criminales, lo que ha generado más violencia del país”, expone.
El experto rememora que la época de Calderón exhibía a los mandatarios estatales que incumplían los acuerdos en materia de seguridad y eso llevó a confrontaciones abiertas entre la federación y los estados. Rivas alude que el acuerdo de civilidad en la administración de Peña fue otra equivocación.
“Cuando inicia el gobierno de EPN, a través de Osorio Chong, lo que se promete un pacto de civilidad pero lo que la gente entiende es impunidad y efectivamente es lo que tenemos”, añade.
Y ejemplifica: “Ángel Aguirre, en Guerrero, él fue el Gobernador donde pasó la desaparición de los 43 estudiantes. Toda la retórica está construida contra el presidente EPN, en el tema de Ayotzinapa, ¿donde esta Aguirre? si el era el Gobernador, ¿donde está , que ha pasado? no ha pasado nada; Torres Cantú, dejó al estado en un desastre, prometió la creación de 3 mil policías acreditase y entregó menos 270 ¿qué pasó? que ha pasado? donde está? se gastó el dinero que le dieron pero no cumplió lo que prometió. Eruviel Ávila, entrega el estado en condiciones dramáticas ¿y qué paso? ¡nada! y así nos podemos ir estado por estado”.
Para el especialista no ha habido ningún costo político real a los gobernadores que entregaron malas cuentas. El único fue la derrota absoluta en los partidos tradicionales en la pasada elección; pero a quienes no cumplieron en sus gobiernos locales, nadie les está reclamando. Incluso el mismo ex Secretario de Gobernación, Osorio Chong, tampoco ha pagado las consecuencias pese a que -señala Rivas- fue sumamente responsable de las malas decisiones que se tomaron.
Miguel Ángel Osorio Chong fue elegido por los futuros senadores priistas como coordinador de su bancada para siguiente LXIV Legislatura.
Para Santiago Roel el gran desacierto de EPN es que no se atrevió a enfrentar la regulación de drogas y se dejó presionar por el Estados Unidos, (la DEA) siguiendo con el Plan Mérida. “Le faltó valentía, fue cobarde”.
El especialista adjudica el fracaso a tres factores: la presión de Estados Unidos; que Gobierno se enfocó más a sus reformas estructurales, postergando tratar de fondo la estrategia de seguridad; y que no se atrevieron a tomar decisiones “mucho más valientes, como regular drogas”.
“El verdadero fondo de la inseguridad y lo que había que hacer es regular las drogas; pero la verdad fue cobardía [del Gobierno de EPN] no querer enfrentar el tema, no querer resolverlo y seguir con una relación sumisa con EU. Eso es la tragedia porque eso nos cuesta muchas vidas” insiste el director de Semáforo Delictivo.
LOS COMPROMISOS
El doctor en Derecho de la UNAM, José Antonio Álvarez León, plantea que en materia de seguridad se falló en los tres rubros básicos: capacitación, la construcción de mando único, y con las tareas de reacción y prevención de materia del delito. “Ninguno de los tres se cumplió”.
El Compromiso 9 habla de crear un “nuevo modelo de formación y profesionalización policial, con academias regionales para entrenar a los policías de todos los niveles de gobierno”.
Álvarez León estima que no se concretó el nuevo modelo de la policía porque no atendieron a la parte de formación y coordinación de la federación con las entidades de la federativas, por lo tanto se volvieron esfuerzos aislados.
“Sí había capacitación, pero aislada. No acabó de cuajar la gendarmería, hubo una disociación y no coordinación con los estados. Se echó al olvido las academias regionales de seguridad publica y como consecuencia no se cumplieron las metas de prevención del delito. intentó enfrentar a traes de la reacción que lo único que dejó fue saldo rojo”, detalla.
SINEMBARGO
