POR ROBERTO AGUILAR TOLENTINO
Promotora Ambiental de la Laguna S.A (PASA) cobra al ayuntamiento, alrededor de cuatro millones de pesos mensuales por un servicio pésimo, y aún así, intentó cobrar a partir de enero de 2023 cien mil pesos más, porque ahora los desechos van a parar a Tihuatlán y le resulta más costoso y más tiempo invertido, pero esto es resultado de las ilícitas maniobras que realizaban en el relleno sanitario que fue clausurado por la PMA.
En reciente entrevista con medios de comunicación, el alcalde Fernando Remes Garza dio a conocer que el gobierno del estado dio la indicación de “no pagar un solo centavo de más a la concesionaria”, cuyo contrato está por vencer entre agosto y septiembre de este año.
Dijo que se busca aplicar medidas que mejor convengan a los pozarricenses para lo cual, en sesión de cabildo, se tomarán las mejores decisiones por el bien de la ciudad.
Cabe mencionar que, el 31 de diciembre del 2019, la Procuraduría de Medio Ambiente en el Estado de Veracruz (PMA) clausuró el relleno sanitario ubicado en la colonia Rafael Hernández Ochoa y desde entonces, las 150 a 220 toneladas diarias que se recogen en Poza Rica, se tiran en el relleno sanitario del municipio de Tihuatlán.
Sin embargo, a decir del regidor Víctor Manuel Benavides Cobos comisionado en Limpia Pública, “tirar los desechos diarios hasta Tihuatlan, resulta muy costoso pues tan solo en combustible se requieren 200 litros, aunado al desgaste de llantas, tiempo-hombre, ya que son hasta cinco vueltas las que se tienen que dar las unidades al día”.
Explicó que se pretende municipalizar el servicio de Limpia Pública, adquirir la unidad especial que cargaría en un solo viaje lo de cuatro camiones recolectores, “eso es ahorrar”, pero se decidirá en cabildo y con otras áreas que se ven involucradas cono la de Comercio, Tesorería, Recursos Humanos y Jurídico, entre otras.
LA CLAUSURA DE PASA
El 31 diciembre del 2019, la Procuraduría de Medio Ambiente en el Estado de Veracruz (PMA), clausuró el relleno sanitario que operaba PASA, debido a que llegó al final de su vida útil, además de que, personal de inspección, descubrió que las celdas que ya habían sido utilizadas, las volvían a utilizar, lo que violaba las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental vigentes en el estado, aunado a los imparables escurrimientos de lixiviados en zonas alternas.
“La clausura se debió al desequilibrio ecológico causado durante los últimos 12 años”, reveló el procurador estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés en un comunicado del 19 de octubre del 2020.
El comunicado espefica que era un importante foco de infección, “por lo que ahora debe ser objeto de saneamiento, con responsabilidad directa de la empresa PASA, la cual no podrá irse de la ciudad sin antes sanear el lugar”.