Latinoamérica no solo tiene un enorme retraso en infraestructuras con respecto a otras regiones del mundo. Las que necesita deben ser sostenibles. Es decir, si hacen falta puentes, carreteras, depuradoras, colegios y hospitales, entre otras, no deben contribuir a aumentar la temperatura del planeta y, lo que es más, tendrían que mitigar los daños sociales y medioambientales ya ocasionados. En este axioma se basa el Informe de Sostenibilidad 2017 que presentó el pasado sábado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su asamblea anual, que se está celebrando en Mendoza (Argentina).
Agustín Aguerre, gerente de Infraestructuras de la entidad, pone un ejemplo para comprender mejor cómo deberán ser estas obras a partir de ahora: “Normalmente, los ingenieros para planificar un puente teníamos en cuenta el índice de precipitaciones y el nivel del río de los últimos 30 años. Tomábamos el máximo, sumábamos un metro y medio y a esa altura se construía”. El cambio climático ha cambiado esto. “Ya no funciona así: hay que diseñar en función del futuro y no del pasado. Ahora es necesario modelar en función de variables críticas, como cuál será la temperatura de la Tierra. Es necesario un enorme trabajo de predicción que conlleva estudios mucho más complicados. Y, probablemente, esta carretera o ese puente, será más caro”, añade Aguerre.
Y esto es solo en lo relativo a sostenibilidad técnica, la imprescindible para que las infraestructuras no sean inútiles en unos años. A esta, según el BID, habría que añadir una ambiental, que contempla las emisiones y su influencia en el cambio climático; la económica, que sea rentable; la institucional, que su gobernanza esté basada en la transparencia y la social, es decir, lo que concierne a las comunidades donde estas obras se ejecutan o el enfoque de género… Para lograr los objetivos recogidos en el Acuerdo de París sobre el clima y en la agenda 2030 no bastará con construir, habrá que hacerlo de una manera diferente.
“Por un lado, harán falta nuevos materiales, pero no solo eso. También, cambiar la huella de las construcciones ajustando los tamaños”, explica Marcelo Cabrol, gerente del sector social del banco. Pone varios ejemplos de ello. Los hospitales son uno: “En Latinoamérica estamos reduciendo un tercio el tiempo de ingreso para una intervención. Esto redunda en centros más pequeños e interconectados”. Otro son las escuelas, que tendrán que responder a nuevos paradigmas educativos. “Ya no valdrá hacerlas como cajas de huevos, con tantas aulas, de tal dimensión para tantos alumnos”, añade Cabrol, que pinta un panorama educativo más moderno y flexible, donde las tecnologías tendrán mayor presencia. En este caso, en su opinión, no será necesario invertir más dinero en cada infraestructura, sino planearlas mejor antes de levantarlas.
Sí serán más caras, probablemente, las construcciones de viviendas sostenibles. “Si se construyen con paneles solares, a priori resultará más costoso, pero si evalúas el coste de ampliar las redes eléctricas y llevar energía al barrio compruebas que la diferencia no es tanta”, asegura Juan Pablo Bonilla, gerente del Sector de Cambio Climático y Desarrollo del BID.
El informe del banco indica que durante 2017 financió 4.348 millones de dólares en actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, el equivalente de 28% del volumen de aprobaciones de proyectos durante el año. El nuevo plan de acción marca un objetivo del 30% para 2020.
En términos de género los porcentajes son mayores. “El banco ha pasado de un 25% de proyectos con indicadores medibles [de inclusión femenina] a un 55% y en los próximos años vamos a llegar a un 80%”, asegura Cabrol. La idea de que en los proyectos participen más mujeres se viene materializando con distintos experimentos. En el mundo de la infraestructura, que es marcadamente masculino, en alguna ocasión el banco ha propuesto bonificar a las empresas que presentasen proyectos con un 30% de la plantilla femenina. Esto lo hicieron por ejemplo en Haití y ninguna compañía alcanzó el umbral. La que ganó el concurso se quedó en un 25%. En otras obras han impuesto simplemente que las empresas capacitasen a mujeres en el manejo de maquinaria pesada para, en su caso, incorporarlas a los trabajos. “Descubrimos que les gusta, que son muy buenas y que cuidan el material mucho mejor que los hombres. Tal es así, que las empresas las incluían en las plantillas. Pero cuando se iban a hacer trabajos a la otra punta del país lo rechazaban por el arraigo al terreno, al colegio de los hijos… Son temas que tenemos que seguir pensando para tratar de resolverlos”, explica Aguerre. Una medida más sencilla y bastante eficaz ha sido simplemente dar información en escuelas de secundaria a las chicas sobre las posibilidades de trabajo y salarios de una carrera técnica con respecto a otra de humanidades. Se han llegado a registrar aumentos de matrículas femeninas en las primeras de un 30% con esta técnica.
Todo este nuevo modelo necesitará financiación y, a pesar de las brechas con respecto a otras regiones, la inversión pública en infraestructura ha disminuido desde la crisis. “Enfrentados a la capacidad cada vez menor de los gobiernos de financiar infraestructura, se necesita el gasto privado. El sector público debe seguir jugando un papel en la planificación y regulación de la infraestructura. La coordinación pública y privada plantea desafíos únicos”, reza el documento. “El tiempo se agota y debemos elegir un camino sostenible: la infraestructura que se construirá a lo largo de los próximos 15 años dictará si el mundo se apresta a un aumento de solo dos grados, como se destacó en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y tendrá una fuerte influencia para determinar si el crecimiento en los mercados en vías de desarrollo es incluyente”, concluye.
