A grosso modo, la Ley de Seguridad Interior propone regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles. Hace ya 11 años que el Ejecutivo dispone de las Fuerzas Armadas como si fueran cuerpos policiales. En 2006, el presidente Felipe Calderón, del PAN, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. Luego fueron otros estados. Desde entonces, más de 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país.
Decenas de miles de muertos después, buena parte de la oposición en el parlamento, así como organizaciones de la sociedad civil, cuestionan la pertinencia de aprobar una ley que, a su juicio, generaría más violencia, más violaciones a los derechos humanos y otorgaría un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas. Y más teniendo en cuenta la cantidad de quejas que ha recibido estos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por casos de tortura, desaparición forzada y homicidio cometidos supuestamente por militares. Se cuentan por miles.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recuerda estos días las palabras de su representante, Jan Jarab, en un discurso que dio al respecto en febrero: “Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, ‘¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?’ El concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios”.
Muchos de los detractores del proyecto de ley coinciden con Jarab, al defender que los problemas son de fondo, de fundamento. En un decálogo que organizaciones mexicanas han difundido estos días, se lee que “las definiciones [del proyecto] son imprecisas, y permiten que todo quepa en el concepto de seguridad interior”.
Es una de las grandes críticas. ¿A qué se refiere el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, con seguridad interior? ¿Alude al narco, a la delincuencia en general, a protestas y movilizaciones como las que vivió el país a principios de año a cuenta del aumento del precio de los combustibles? Según su propia definición, la seguridad interior es “una función a cargo de los Poderes de la Unión, para resguardar la seguridad de sus habitantes, la plena vigencia del Estado de Derecho y la permanencia del orden constitucional”.
Las organizaciones critican que la aprobación de ley implicaría la militarización de facto del país; que, si pasa la ley, el Gobierno podría declarar amenazas a la seguridad interior frente a cualquier situación, ya sean problemas de delincuencia común, organizada o protestas sociales.
El PRI se ha encargado de desmentir este supuesto. Sus diputados han explicado que uno de los artículos de la ley prohíbe expresamente que las Fuerzas Armadas repriman protestas sociales.
Por otro lado, la oposición en el parlamento, que hace meses parecía de acuerdo con el PRI, se ha desmarcado del partido de Gobierno y ha rechazado la aprobación de la ley. Tanto el PAN como el PRD querían que la ley fomente la capacitación de policías para que, en unos años, puedan encargarse de nuevo de la seguridad. Pero el PRI ha decidido dejarlo fuera.
EL PAÍS
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