La Ley de Ultrajes debe ser nuevamente revisada

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La Academia de la Facultad de Derecho, de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, solicita la derogación de la Reforma que se hizo al Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, la cual consideran punitiva y desde cualquier tipo de vista penal y jurídico representa un sesgo directo a la libertad de expresión, además estas modificaciones hechas fueron con el fin de limitar la libre manifestación de ideas de todos los veracruzanos.

Lo anterior lo dieron a conocer en una carta dirigida al Congreso del Estado con el fin de que recapaciten y consideren esta postura de los académicos de la Universidad Veracruzana, asimismo se fundamentaron en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Local.

Dicho esto antes de que se llegue a activar algún medio de control constitucional para combatir esta norma penal, que a todas luces resulta inconstitucional e inconvencional, por lo tanto nuevamente debe ser estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones, así este colegio de abogados externa su postura respecto a la Ley de Ultrajes, la cual es subjetiva y más severa.

Los también académicos indicaron “no apoyamos estas modificaciones, el tema es advertir la máxima represión para los gobernados veracruzanos, es acudir, incluso legislar un tipo penal que se aleja del principio de legalidad y seguridad jurídica”.

En el plano internacional, incluso en varios estados de la república mexicana, la tendencias es hacía la derogación de este tipo penal, con el único objetivo de hacer valer la libertad de expresión y manifestaciones, conforme al derecho, de los ciudadanos quienes ahora quedan expuestos ante la interpretación y subjetividad de los gobernantes, quienes tendrán argumentos para poder detener y por lo menos meter a prisión, a quienes se expresen libremente.

Parte del texto reformado dice lo siguiente:

“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:

I.             Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

II.            Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;

III.          Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o

IV.          Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.”

Por lo tanto los especialistas en temas del derecho exponen sus ideas y en base a argumentos afirman que dicha ley es inconstitucional y viola todas las garantías de los gobernados, en este caso en el estado de Veracruz, que durante las últimas semanas se ha envuelto en la polémica por detenciones apegadas a la Ley de Ultraje.

De igual forma, en el Sistema Interamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de Fermín Ramírez vs. Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90), postuló:

En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.

Por lo anterior reiteran el llamado al gobierno del estado, a los legisladores a llevar a cabo un análisis minucioso de las modificaciones y reformas Decreto 848 que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz.

Dicha carta es firmada por las doctoras Sidney Ernestina Marcos Escobar, Austria Paola Barradas Hernández, Rebeca Contreras López,Esperanza Sandoval Pérez; por los maestros Rosa Hilda Rojas Pérez, Daniel Del Ángel Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández; así como los doctores Enrique Córdoba del Valle, César Martínez Ramila.


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