Xalapa.- “Hoy he promulgado la reforma a nuestra Constitución que define las bases del Sistema Estatal contra la Corrupción. También firmé un paquete de iniciativas de nuevas leyes, y de reformas y adiciones a algunas ya vigentes que darán sustento reglamentario a dicho sistema”, indicó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Dijo que trata de institucionalizar el combate a la corrupción, de darle forma y cuerpo legal a las acciones que se llevan a cabo para que Veracruz deje de ser el lugar donde floreció la corrupción, y pase a ser la entidad más limpia del país.
“Nos mueve la convicción personal de que los recursos públicos deben ser sagrados, pero también nos mueve el dar respuesta a una demanda social más que justificada, a una exigencia de honestidad, transparencia y austeridad en el uso de los recursos del pueblo de Veracruz”, expresó.
Sostuvo que se deben institucionalizar las medidas, los procedimientos, la supervisión, el sistema de balance y el equilibrio entre poderes, y de este modo que el combate a la corrupción no sea una decisión personal del gobernante, sino un mandato constitucional.
El paquete de iniciativas de ley, que permitirán la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, consiste en ocho iniciativas con proyecto de decreto en las que se reforman y adicionan diversas disposiciones que formarán parte del andamiaje legal para fortalecer el combate frontal a la corrupción y a la impunidad.
Estos ocho puntos, principalmente están enfocados en la sanción de funcionarios que cometan actos de corrupción y a particulares que incidan en estos hechos.
Con la creación del Sistema se logra la figura de participación social mediante la instalación de un Comité coordinador y un Comité ciudadano, además se crea la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que tendrá como sede la ciudad de Xalapa.
Los principales elementos que contienen las iniciativas son: Ley orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual será un órgano independiente y autónomo de los poderes del estado, funcionará en una sala superior que será integrada por tres magistrados, estará facultado para imponer sanciones a servidores públicos estatales y municipales, y a particulares que incurran en faltas administrativas graves.
Por Arturo Arellano
