Aurora Durán Salazar lleva más de 70 años viviendo en San José de Baviácora, un pequeño poblado en la ribera del Río Sonora, donde atiende una humilde tienda de abarrotes que se ha convertido en el sostén de su casa y cuyo producto más preciado desde hace 5 años es el agua embotellada.
Con profunda nostalgia recuerda cómo el 6 de agosto de 2014 a ella y a más de 23 mil personas les cambió la vida, cuando el río se pintó de ocre envenenado, arrasando con la tranquilidad, la salud y el patrimonio de sus familias.
Aquel día, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, se derramaron en el Arroyo Tinajas y llegaron hasta los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando siete municipios en el mayor desastre ambiental en la historia de México.
Desde entonces, la economía de los pueblos se devastó, las milpas dejaron de ser productivas, los árboles ya no daban frutos como antes, el ganado ya no era apto para la exportación, los productos regionales que formaban parte de la economía tradicional no se comercializaban tan fácilmente porque el sello Río Sonora que anteriormente era sinónimo de calidad, pasó a ser símbolo del temor y la desconfianza.
Quienes habitan la región se vieron obligados por primera vez a invertir parte de sus ingresos en la compra de agua purificada para beber y para cocinar, pues no hay certeza de que los pozos y las escasas plantas potabilizadoras que se instalaron y que se alimentan de los mismos, cumplan con los estándares para el consumo humano, como es el caso de San José.
“Hacía poquito que habían reparado el pozo (de San José de Baviácora), cuando viene el derrame y llénase el pozo de agua. Abrías la llave y salía pura agua café. Dijeron que iban a hacer un pozo nuevo pero el que estaba nomás lo pintaron y le pusieron Fideicomiso Río Sonora y ya dijeron que era el pozo que habían hecho. ¡Y eran mentiras, ya estaba hecho ese pozo!”, expresó Aurora.
En un principio, Grupo México y el gobierno federal anunciaron que construirían 38 plantas potabilizadoras, pero el compromiso se fue desvaneciendo hasta quedar en tan sólo 9 plantas, cuatro de ellas fijas ubicadas en Banámichi, Mazocahui, El Sauz de Ures, y La Capilla de Baviácora.
Las otras cinco son equipos móviles que sólo tienen capacidad para sanear un tinaco (mil cien litros) de agua al día. Unas de ellas, como la de Aconchi, llevan casi tres años almacenadas y sin funcionar, mientras que otras como la de San José de Baviácora, fueron instaladas hace apenas dos meses y no se utilizan porque la gente desconfía del proceso, ya que que las personas encargadas de manejarlas no recibieron la capacitación necesaria.
“Nomás vinieron y el ingeniero que andaba me dijo ‘has de cuenta que estás prendiendo el térmico ahí de tu casa’, pues es fácil nomás todo lo que se prende. Como que agarró mal sabor a lo primero por las mangueras y luego que tenía mucho cloro”, reconoció Isaías Juárez, quien está a cargo de una de las potabilizadoras móviles.
MILENIO
