El fiscal superior de Perú Luis Landa ordenó denunciar al expresidente Alberto Fujimori ante el Poder Judicial e investigarlo por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante su mandato, anunció hoy la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), defensora de la víctimas. Al resolver la queja presentada por las víctimas contra el archivo parcial del caso hecho por la fiscal Marcelita Gutiérrez, Landa consideró que Fujimori debe ser denunciado como autor mediato (con dominio del hecho) por la ligadura de trompas sin consentimiento previo realizada a cinco mujeres.
También por lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de las 2.166 mujeres que hace 15 años presentaron la denuncia ante la Fiscalía por estos casos. Además de Fujimori, la denuncia también incluye a los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga, quien es el médico personal del expresidente, así como a otros altos cargos como el exdirector del Programa Nacional de Planificación Familiar Jorge Parra.
Demus exhortó a la fiscal Gutiérrez a continuar la investigación con la debida diligencia y celeridad procesal para garantizar la sanción efectiva de los máximos responsables de esta política. Las esterilizaciones forzadas se practicaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones. De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas. Fujimori, de 79 años, fue indultado en la Navidad del año pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que le eximió de cumplir la totalidad de la condena de 25 años de prisión a los que había sido condenado por delitos de lesa humanidad.
El indulto, cuya validez está pendiente de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), iba acompañado de un derecho de gracia que otorgaba inmunidad a Fujimori frente a cualquier otro proceso. No obstante, la Justicia peruana desestimó el derecho de gracia en el juicio que ya tenía en marcha contra el expresidente por el caso Pativilca, una masacre de seis campesinos a manos del grupo militar encubierto Colina.
