Exservidor del DIF, con un pie fuera de prisión

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Xalapa, Ver.- Un amparo concedido por el Juez 17vo. de Distrito concedió la protección de la justicia federal al exjefe del Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios y Subdirector de Recursos Materiales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Víctor Manuel «N».

Dicha medida protege además a los supuestos «accionistas» de empresas fantasma accionistas Claudia “N”, y César “N”.

El 23 de abril de 2020, un Juez de Control de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, determinó aplicar la vinculación a proceso contra los tres citados por el delito de fraude específico en detrimento del patrimonio público del DIF de Veracruz.

Esto, luego de que Víctor «N», en su papel de servidor público en el ente asistencial emitió contratos a empresas «fachada» durante durante el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa como Gobernador y su exesposa Karime Macías Tubilla, como expresidenta del Patronato del DIF.

En estas acciones igual participó Antonio Tarek «N», exdirector de Administración del DIF y también Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el sexenio de Duarte de Ochoa.

En abril de 2020, la Fiscalía General del Estado cumplió órdenes de aprehensión contra nueve personas por su probable participación en la constitución de empresas «fachada» y el haber recibido contratos millonarios de parte del DIF.

Aparte de Víctor «N», fueron detenidos en aquella ocasión el ex director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Julián Alberto “N” y Emilia Yasbé «N», exsubdirectora de Recursos Financieros del Sistema DIF, aparte de los «accionistas» Pedro Francisco “N”, Teodosio “N”, Raúl Antonio “N” y Francisco “N”.

Ahora, un juez de distrito con residencia en Xalapa amparó a Víctor «N», Claudia «N» y César «N» en contra el auto de vinculación a proceso y la medida cuatelar de prisión preventiva emitida por el juez de Control Gregorio Noriega Velasco.

La hipótesis que sostiene el amparista es que la Fiscalía General del Estado no realizó de manera correcta y suficiente la imputación a los acusados, toda vez que no estableció como pudieron participar estos en la comisión de un delito.

Tampoco pudo comprobar que los detenidos se hayan organizado para delinquir, situación que quedó definida como dogmática.


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