El arma se atoró y ella se salvó, pero se llevaron a su hija. Desde 2012 la busca en todo Tamaulipas

Rosa se salvó de la muerte cuando la metralleta que trataron de vaciarle se trabó el día en que fue secuestrada junto con su hija Dulce Yamelí. Era mayo de 2012, logró escapar y desde entonces no ha parado de buscar.

El nombre de San Fernando, Tamaulipas, evoca víctimas y buscadores, sangre y dolor. De ese lugar proviene Rosa Hilda Cisneros quien, ahora convertida en una experimentada madre rastreadora, afirma: “No le temo a la muerte, temo no hallar a mi hija”.

Colindante con Estados Unidos, Tamaulipas es un estado que concentra altos índices de personas desaparecidas. El Registro Nacional de la PGR reporta 6 mil 123 casos de enero de 2014 a diciembre de 2017, según las carpetas de investigación iniciadas en el fuero común y el federal.

Sin embargo, colectivos y organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, estiman que hay al menos unas 10 mil personas no localizadas.

Dulce Yamelí González Cisneros y Rosa Hilda fueron plagiadas el 12 de mayo de 2012, cuando estaban en su establecimiento comercial en San Fernando.

Tres hombres llegaron en una pick up negra, dos irrumpieron en el local y amagaron a la madre, hija y empleadas. Primero les quitaron los celulares, luego intentaron someterlas.

Rosa y Dulce pusieron resistencia. “Yo comencé a luchar con uno y el otro con mi hija, no podían con nosotras y a mí me empezaron a picar, a cortar y a ella le dieron un cachazo en la boca del estómago”, recuerda la mujer.

La madre vio que su hija cayó sofocada tras el golpe. Evadió a su oponente y se lanzó contra el agresor de su hija.

–¿Qué esperas?, la vieja me está reventando, ven a reventar a esta vieja– recuerda Rosa las palabras de auxilio del delincuente.

Un tercer plagiario, que se vigilaba afuera del establecimiento, entró para privarla de la vida: “Me tronó la metralleta pero falló, sólo se oyó fierro con fierro”.

Al ver que el arma se había encasquillado, el delincuente corrió y se subió a la camioneta, otro rápidamente cargó a Dulce en la espalda, el tercero puso a la madre en la caja del vehículo y arrancaron con rumbo desconocido.

Rosa perdió el conocimiento.

Cuando despertó recuerda que había un joven que la vigilaba. “El chamaquillo se drogó y se quedó dormido”. La mujer vio la oportunidad de huir aunque a un costo: era la vida de ella o la de él. Prefirió escapar.

“Yo no tenía zapatos, busqué a mi hija como pude, alrededor de los árboles, no había nada, salí corriendo como por un camino, no sentía espinas, no sentía nada”, rememora.

Corrió hasta que escuchó el canto de los gallos de una pequeña casa. Ahí pidió ayuda.

Un matrimonio de la tercera edad la auxilió y escondió. Eran las 4 de la mañana del 13 de mayo, lo supo porque les preguntó la hora. “Me dijeron que, nada más que amaneciera, le iban a ir a hablar a mi esposo”.

La pareja llevó a la mujer a una parcela en donde el sorgo estaba crecido para que no fuera observada a simple vista. El lugar del encuentro ya había sido acordado previamente con su conyuge.

Los secuestradores ya se habían comunicado con su esposo: le pidieron una suma millonaria de dinero y la foto de las hijas de un delincuente de San Fernando.

“Él no conocía a ese sujeto, él les dijo que no tenía nada que ver, ni nosotras tampoco porque éramos personas de comercio, entregados totalmente al negocio, todo el día”, aclara la mujer.

Tras el plagio, Rosa se escondió, no acudió al médico, pese a las heridas que tenía en sus manos y piernas.

-Me atendí después de mucho tiempo, cuando ya los huesos de mis manos se echaron a perder, necesité trasplantes -comenta la madre y muestra las largas cicatrices en manos y brazos-. Esto es puro fierro que me pusieron para poder mover mis manos.

De Dulce Yamelí, no ha sabido nada.

LOS DESAPARECIDOS DE TAMAULIPAS SON MÁS

Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sostiene que las personas desaparecidas en Tamaulipas podrían ser el doble o el triple de lo que establece la cifra oficial.

Explicó que la diferencia estriba en que muchas familias no denuncian la desaparición porque no confían en la Procuraduría de Justicia del estado o tienen miedo a sufrir represalias.

“En Tamaulipas llevamos cuando menos 17 años donde la inseguridad y violencia es una constante de todos los días. No hay una parte del territorio tamaulipeco en donde las familias se puedan sentir seguras.  Los últimos tres gobernadores han fracasado en sus promesas y sus compromisos de brindar seguridad pública y este escenario nos ha llevado ocupar regularmente los tres primeros lugares de en los delitos de alto impacto, incluyendo desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desaparición de personas”, explica el derechohumanista en entrevista con SinEmbargo.

El activista abunda: “llevamos casi dos décadas que las familias no confían en denunciar la desaparición de un ser querido y, por otra parte, el Estado no tiene la voluntad de investigar, porque el mismo gobierno está debilitado ante la delincuencia”.

ROSA, LA BUSCADORA

Con sus manos llenas de cicatrices, Rosa sigue en la búsqueda de su hija. Hasta 15 días al mes está en campo para realizar rastreos. “La busco en pozos, en campos donde sea”, explica.

Cisneros Espinoza es integrante del grupo de familiares de desaparecidos de Tamaulipas “Colectivo Miriam”, nombrado así en honor a la activista asesinada el año pasado.  Rosa y Miriam fueron compañeras de búsqueda.

Al igual que miles de familiares que se convirtieron en buscadores, la mujer ha recibido amenazas en múltiples ocasiones, pero no tiene medidas de protección. “Ya las pedí mucho y no funciona”, replica.

Dulce Yamelí tenía 21 años al momento de ser raptada. Trabajaba junto con su madre como comerciante y quería estudiar una carrera afín a su empleo: “Ella tenía un sueño, se lo arrebataron, y no se vale”.

Uno de sus raptores está en la cárcel, pero por otros delitos, sin embargo, a la madre no le interesa el proceso penal del delincuente.

“Nosotros luchamos para encontrar a nuestros hijos más no para saber quién lo hizo”, apunta.

Al hablar de la atención de las autoridades estatales y del trato que ha dado el Gobierno de Tamaulipas, los entrevistados por este medio mantienen opiniones encontradas.

Rosa indica que han recibido apoyo para la búsquedas y que la Fiscalía  ha trabajado de la mano con ellos en estos últimos meses.

En tanto que Raymundo Ramos, denuncia que el Gobernador no ha querido reunirse con las familias de los desaparecidos. “Nos envía al procurador, pero el procurador lejos de escucharnos se hace el ofendido se hace la víctima y no podemos avanzar”.

Actualmente Rosa forma parte de los colectivos de buscadores que están en el análisis y seguimiento de la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas.

“Es una revisión sobre los artículos que deben de estar adentro. No permitir que el Gobierno ponga los artículos, nosotros como víctimas no lo vamos a aceptar, ya estamos cansados de que siempre el Gobierno ponga sus leyes […]. Nos tienen que hacer caso el Gobierno, porque nosotros somos los que sufrimos por la pérdida de quienes nos arrebataron a nuestros hijos”, afirma.

El pasado 19 de noviembre se promulgó Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desaparicione después de estar dos años en la congeladora de la Cámara de Diputados.

Con la citada Ley se unificó el tipo penal de desaparición forzada, se establecieron elementos para obligar a las autoridades a poner los recursos del estado: humanos, tecnológicos y legales para dar con el paradero de las personas desaparecidas y principalmente instruye a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que deberán de incorporar la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

La cifra de personas desaparecidas a nivel nacional es imprecisa y cambia hasta en las mismas dependencias oficiales, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha señalado que son 33 mil y la Comisión Nacional de Seguridad, 45 mil.

“Yo lo único que sé es que aquí estoy, y me duele mucho que esté yo y no mi hija, pero entiendo estoy aquí por una razón y seguiré luchando”, comenta Rosa.

Tamaulipas, Estado de México y Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila representan el 67 por ciento de los casos a nivel nacional, del fuero común relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas, según los datos que refirió un informe de Segob entregado al Congreso de la Unión en meses pasados.

SINEMBARGO

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