BREVES DEL DERECHO

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PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Y NO OFICIOSA, Atenta contra la Presunción de Inocencia, columna vertebral del Sistema de Justicia Penal

Por Lic. Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz

Apenas la semana pasada, acabamos de presenciar en esta región, una intervención de conocido empresario local y candidato a la presidencia de su municipio, esta detención fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la comunidad de Plan de Ayala, municipio de Tihuatlán, la noticia corrió como reguero de pólvora y fue exhibida a nivel nacional e incluso se mostró a todo el país un video con hora y fecha del que se observaba donde se llevó a cabo dicha detención.

Horas después en el Registro Nacional de Detenciones, la misma Secretaría informaba una hora y lugar completamente distinto al de la detención, situado a más de treinta kilómetros de donde se materializó realmente; ¡un montaje pues!

Esta situación dejó expuesto al Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal Adversarial Oral, en el que -no crea usted que es el único caso- de manera cotidiana y reiterada se cometen esta serie de abusos policiales que quedan convalidados por fiscales y jueces, lo que me hace pensar que, el gobierno al no haber capacitado nuevos operadores del Sistema, en todas esas áreas, los que permanecieron, siguen actuando como en el anterior sistema inquisitorio, y esto es así, pues si bien cambio el sistema, también lo es, que en la mayoría de los casos los policías, ministerios públicos y jueces fueron formados durante años en el anterior Sistema Inquisitorio, por tanto, siguen actuando y comportándose igual, dando un trato al indiciado de presunto culpable y no el de presunto inocente; lo que en la actualidad debería aplicarse en sentido contrario.

Lo anterior, pues a partir de la reforma constitucional de 2008 y de 2011, se colocó como columna vertebral de nuestro Sistema de Justicia Penal, ese derecho humano a presumir la inocencia hasta en tanto no se demuestre plenamente lo contrario; y esa plenitud se alcanza hasta que se dicta la sentencia y no con un auto de vinculación a proceso que apenas abre la posibilidad de que el imputado pueda quedar sujeto a un procedimiento criminal.

En el caso concreto, se le inició un proceso al indiciado y se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año, algo que muchos entendieron como una especie de sentencia e incluso para algunos piensan que es mínima para los delitos que se le imputan; mientras que para otros –sobre todo su familia, amigos y correligionarios- fue injusto, sin que en la especie la prisión preventiva sea una sentencia sino una medida cautelar que ha sido criticada ampliamente en la comunidad jurídica internacional, por vulnerar el derecho humano de presunción de inocencia, más aún porque con la aplicación de dicha medida te pueden dejar fuera de combate si estas contendiendo para un cargo de elección popular como en la especie, es decir, dicha medida puede ser utilizada políticamente para deshacerse de los adversarios políticos, y esto es bastante delicado para todos en una democracia,

Por eso, la crítica y protesta de diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos, especialistas, barras y colegios de abogados –incluyéndome- ha sido en el sentido de que una medida cautelar que te priva de tu derecho a la libertad sin que exista sentencia condenatoria en contra del imputado, lo priva del elemental derecho a presumirse inocente, ya que el trato que esta medida le otorga es como el de presunto culpable e incluso le afecta el derecho más importante tutelado por la Constitución, como lo es, la libertad.

Máxime, que aparte de esta medida, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus distintas fracciones otro tipo de medidas, tales como, la presentación periódica ante el Juez, la fianza económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la colocación de localizadores electrónicos, la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el Juez, entre otras, siendo la última ratio –ultima razón- la privación de la libertad mediante la prisión preventiva oficiosa y no oficiosa.

Siendo de oficio aquella que se impone al imputado cuando se le señala como autor o participante de alguno de los delitos enunciativos del artículo 19 Constitucional, entre otros, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, como en la especie se le imputo al empresario de mérito.

Sin embargo, repito, establecer una medida precautoria como la prisión preventiva sea o no oficiosa, restringe la libertad desde el inicio del proceso y no hasta que concluya el juicio, esto contrasta con el propio artículo 20, apartado “B” fracción I de la Constitución que establece los derechos de toda persona imputada, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Dicho en otras palabras, ningún auto al inicio o durante el transcurso del proceso le puede dar un trato de culpable al imputado, menos aún privarlo de su libertad, toda vez que la única resolución que puede darle este tratamiento es la sentencia, lo que para el suscrito es una gran incongruencia que se encuentra prevista en la propia Constitución, ojo con esto candidatos a Legisladores Federales, porque eso que sucedió y se transmitió a nivel nacional es algo que sucede a diario y está afectando presuntos inocentes en su libertad desde el inicio del proceso y no una vez que se acredita su responsabilidad, así como, las demás medidas cautelares no están siendo utilizadas comúnmente, ya hasta hay un dicho que en materia penal reza así: “En el desierto, como en el proceso penal, a nadie se le niega un vaso de agua, con una prisión preventiva y su vinculación a proceso”.

 Así que diagnostiquen, ¡Nos vemos en la próxima, DEO VOLENTE!

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