BREVES DEL DERECHO

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SANCIONES DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL EFECTIVA, reflejan opacidad y ejercicios antidemocráticos de los partidos políticos.

Por Lic. Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz.

Este año llevaremos a cabo uno de los ejercicios democráticos más complejos del país, los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) tiene la titánica tarea de organizarlo, además, deben de ejercer facultades de fiscalización y sanción, sí los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos no cumplen con las reformas en esta materia que se contemplan en la Ley General de Partidos Políticos y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que tiene que hacer atendiendo diversos aspectos que ya en precedentes ha venido sentando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tan así que por sesión ordinaria del pasado jueves veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE, aprobó diversos proyectos de resolución planteados por la Consejera Presidente de la Comisión y Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) que por primera vez en la historia cancela mas de 60 posibles candidaturas a la Diputación Federal a los partidos políticos de Morena, Redes Sociales Progresistas y Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior, porque, tanto los partidos políticos, como sus precandidatos como responsables solidarios, incumplieron con la obligación de informar sus actividades de precampaña y sus gastos ante la UTF, obligación que tienen que cumplir en los términos y plazos que dispone el artículo 79 párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos que exige a los partidos políticos, precandidatos y candidatos la obligación de informar sus gastos de precampaña a más tardar diez días hábiles de concluidas aquellas, plazo que se vencio el pasdo cinco de marzo de dos mil veintiuno.

Que dicha reforma a la Ley se implementó para poder determinar si el dinero de las precampañas o campañas provienen de actividades licitas o ilícitas, es decir, para que se sepa quién o quienes están financiando esas actividades y si el dinero pudiera provenir del crimen organizado o de cualquier otra actividad ilícita como el desvió de recursos públicos.

Es tan novedosa la Ley que incluso en un punto de los proyectos de resolución determino imponer sanciones a FACEBOOK por la omisión de no cumplir con a la información solicitada por la UTF, relativa a los gastos que diversos precandidatos realizaron a través de esa plataforma para posicionarse ante el electorado.

Los partidos políticos quisieron eludir esta obligación de ser transparentes, simplemente manifestando que en sus respectivos procesos internos no hubo precampañas, sin embargo, esa información contrasta con los diversos hallazgos que encontró la UTF en diversas redes sociales, anuncios de radio, televisión, lonas, bardas, anuncios, espectaculares, mantas y mítines que expresaban y contenían los elementos de subjetividad, temporalidad, territorialidad y materialidad de llamados al voto directos o disfrazados dirigidos a la militancia y simpatizantes de diversos partidos políticos efectuados por los precandidatos sancionados.

Por tanto, los Consejeros determinaron que no podían dar por bueno que se pueda eludir la obligación de rendir cuentas simplemente diciendo que no hubo precampaña, aunque los hechos lo confirmen, pues estarían abriendo la puerta a la opacidad de la actividad política en términos de la transparencia acerca del origen y destino de los recursos económicos.

Más allá de lo anterior, la Presidenta de la UTF, en dicha sesión planteo un problema que revela ejercicios antidemocráticos y verticales de los partidos en mención, pues existe el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNRPC) diseñado por el INE  a fin de que los partidos políticos inscribieran a todos los precandidatos que se hubieran registrado para cada proceso interno, de los cuales la UTF debe de abrir un expediente en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el cual los partidos políticos deben de otorgar a sus precandidatos una clave y contraseña para acceso al Sistema a fin de que estos vacíen la información relativa a las actividades financieras y actividades electorales de sus respectivas precampañas, por esta razón, estos últimos también son responsables solidarios de rendir esta información al SIF, así que la obligación de revisar que aquellos cumplan corresponde tanto a los partidos como a la UTF.

Sin embargo, muchos precandidatos al ver que sus partidos no les proporcionaron la clave y contraseña para entrar al SIF y poder descargar ahí la información relativa a sus actividades y gastos de precampaña determinaron acudir a entregarla de manera física y extemporánea ante los Consejos Distritales y Municipales del INE y OPLES para de manera tardía cumplir con su obligación.

Esta información, revela la Presidente de la UTF, no se puede simplemente ignorar pues estos precandidatos en la mayoría de los casos no están registrados en el SNRPC, es decir, aunque están anotados en los procesos internos de sus respectivos partidos, ni aquellos, ni sus  partidos los registraron en el citado sistema, lo que evidencia que aunque estén registrados formalmente ante aquellos estos de plano no los van a tomar en cuenta para participar, pues los partidos solo suben al sistema los datos de aquellos precandidatos que ya son los favoritos como se dice coloquialmente en términos políticos “los palomeados” por los partidos.

Además, la UTF determino que esos no son los únicos casos, sino que por medio de las redes sociales verifico que existen miles de ciudadanos que exhibieron públicamente sus constancias de registros como precandidatos a cargos de elección popular ante la opinión pública, pero que al final no aparecen en el Sistema Nacional de Registro y por tanto la unidad no abrió las respectivas carpetas de fiscalización, así como, los partidos no les otorgaron la contraseña respectiva para que pudieran subir su información en el SIF.

Por ello determino que ante la falta de informes en los plazos señalados por la ley se les debe de aplicar la sanción establecida en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, la perdida del registro de candidatos, pues ya estuvo bueno de que los partidos evadan la transparencia de financiamiento de campañas y realicen actos simulados de selección interna de candidatos, cuestión en la que estoy completamente de acuerdo pues dichas resoluciones de la UTF aprobadas por el Consejo General del INE combaten la opacidad del financiamiento de precampañas y campañas, así como, combaten la verticalidad y antidemocracia en la vida interna de los partidos políticos.

O Usted ¿Qué opina?, ¡Nos vemos en la próxima, DEO VOLENTE!

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