81 mdp en posible daño patrimonial en municipios del Totonacapan

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Sierra del Totonacapan, Ver. – A 81 millones 040 mil 813.1 pesos asciende el posible daño patrimonial en los ocho municipios de esta zona indígena, esto de acuerdo con el resultado de la Fiscalización Superior que fue practicada al contenido de la Cuenta Pública 2021.

Fue Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso Local el informe General Ejecutivo e informe individuales de la Fiscalización superior de la cuenta pública del año pasado, los cuales superan los 3 mil 299 millones de pesos.

En esta sierra del Totonacapan, el municipio que encabeza las observaciones y posibles daños al patrimonio es el exalcalde Jesús Antonio Picazo Gutiérrez, Coyutla, con 21 observaciones que suman un total de posible daño de $23,044,534.41 y de ahí le siguen el expresidente Pedro López Jerónimo de Filomeno Mata con 22 observaciones que ascienden a $13,789,064.02.

En tercer lugar, está el exalcalde de Zozocolco de Hidalgo, Faustino Ramiro Velázquez con 17 observaciones que suman $11,663,615.94, después está Edgar Espinoza Zalazar exalcalde de Chumatlán con 14 quejas que hacen un total de $11, 202, 144.41; en el quinto puesto se encuentra León Humberto Pérez Candanedo expresidente de Espinal con 18 revisiones con un total de $6,827,649.14.

Juan Manuel Marcos Juárez, ex alcalde de Mecatlán tiene 12 observaciones que suman $5,206,544.74; Isaac García Álvarez expresidente de Coahuitlán con 5 observaciones tiene un posible daño de $5,204776.33 y; el expresidente Lauro Becerra García de Coxquihui, $4,102,484.11 al tener 9 observaciones. En total los ocho municipios totonacos tienen un posible daño patrimonial de 81 millones 40 mil 813 pesos con 1 centavo. Por su parte Mariano Romero exalcalde del municipio de Papantla tiene un presunto daño de $56,716,642.56.

De acuerdo con el ORFIS las observaciones en la obra pública son por; deficiencia técnica de la obra, ejecuciones de forma irregular, falta de permisos y licencias, así como validación de los proyectos por la CAEV, algunas que no operan y otros por recursos destinados en rubros no autorizados, por lo que se deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que procedan contra los ayuntamientos.

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