Veracruz encabeza bullying

Xalapa.- De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred), formulada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Veracruz encabeza el más alto número de victimizaciones por acoso escolar.

Dicha medición, realizada con la colaboración de la Secretaría de Gobernación y bajo el título “La Infancia Cuenta”, revela que en 2017, una de cada 3 niñas, niños y adolescentes de entre 12 a 18 años matriculados en esucelas declaró, haber sufrido acoso escolar o bullying (1.36 millones de personas).
Lo anterior, dentro de un ejercicio aplicado en 47 ciudades del país.

Las ciudades que reportan mayores proporciones de victimización por acoso escolar son: Veracruz, área metropolitana (42.6 por ciento), Gustavo A. Madero, CDMX (42.1 por ciento), Manzanillo, Colima (41.9 por ciento), Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (40 por ciento).

La Encuesta reveló que en materia de acceso a la justicia no existe una ruta clara sobre el tratamiento que deberían tener los casos de violencia escolar o violencia dentro de los espacios educativos, especialmente la que tiene relación con la violencia entre pares o la violencia realizada por parte de docentes.

Refirió que en la mayoría de los casos el acoso escolar no ocasiona un daño que deje evidencia física, por lo que no puede ser tratado como un delito, pero que sí genera un daño emocional o moral en niñas, niños y adolescentes, impactando de forma negativa en su adecuado desarrollo.

En cuanto a las conductas violentas que pueden ser catalogadas como delitos, como el abuso sexual, el estupro, la violación o inclusive la pornografía infantil, a pesar de que estas se encuentran tipificadas, existen obstáculos cuando dichas conductas tienen lugar dentro de alguna institución educativa.

La investigación citó varios obstáculos como es identificar la comisión de la conducta dentro del plantel, la falta de mecanismos de denuncias confidenciales (seguros y accesibles) para los menores de edad dentro de sus escuelas, así como protocolos de investigación oportuna.

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