Las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia laboral tienen una nula intervención para la prevención y detección de la trata de personas en campos agrícolas.
De acuerdo al Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, en 21 estados se reportan acciones en la materia, aunque “no proporcionan información respecto a la manera en que se verifica la inexistencia de posibles víctimas de trata de personas o las acciones que realizan en el marco de las inspecciones para prevenir este delito”.
En materia de registro de la población jornalera solo 17 autoridades de trabajo hacen dicho listado, sin embargo, no existe información que pueda dar una estadística en cuántas mujeres, hombres, niños y adolescentes se encuentran laborando en los campos.
El informe elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca que a pesar de las condiciones laborales y de alojamiento de los jornaleros, solo nueve autoridades de trabajo reportaron incumplimientos en centros agrícolas.
“La falta de acción ante este tipo de situaciones, además de ser contraria al objeto de las inspecciones, perpetúa las condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera, incrementando su riesgo a ser víctimas de trata de personas, reduciendo e incluso nulificando la posibilidad de detectar posibles casos”.
