Uno está preso; el otro, muerto: la impunidad se ensaña con dos hermanos por defender su tierra

Baldo Santana Alonsodefensor del medio ambiente, el agua y el territorio, quien desde hace algunos años fue desplazado de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, está actualmente preso.

En entrevista para SinEmbargo, Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, organización que ha dado acompañamiento al caso, denuncia que la detención del activista es un acto más para intentar silenciarlo, pues desde hace años él y su familia han sido blanco de diversos ataques por su labor medioambientalista.

El pasado 23 de julio, alrededor de las cuatro de la tarde, el campesino y activistade 34 años de edad fue detenido, acusado de secuestro, durante un retén de la Policía Ministerial del Estado, en la cabecera del municipio de San Marcos, en el estado gobernado por Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde hace alrededor de 20 años, los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, contiguo a La Laguna, en la región Tierra Caliente, han estado en el interés de talamontes, por lo que la comunidad se vio obligada a defender sus recursos y sus tierras en más de 3 mil hectáreas. Olivares Hernández recuerda que Baldo y Rubén, su hermano, encabezaban esa lucha, a toda costa trabajaron para evitar la explotación maderable en su territorio. Ambos pertenecían a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).

Rubén fue asesinado el 18 de febrero de 2011 en una emboscada. Hace poco más de una semana, Baldo fue detenido y hoy temen que corra con la misma suerte que su hermano, pero dentro de la cárcel de Coyuca de Catalán. El día en que Rubén fue asesinado, Baldo iba con él, recibió cuatro balazos de armas largas, salió muy malherido, pero logró sobrevivir gracias a los cuidados de pobladores que lo mantuvieron escondido.

LIGAS ENTRE AUTORIDADES, MADEREROS Y CRIMINALES

Olivares Hernández acusa que existe un contubernio entre autoridades, empresarios y crimen organizado para silenciar a los defensores.

“Cuando se da la oposición a la explotación de los bosques, los empresarios madereros se alían con los políticos de la región a quienes se les conoce como Los Montúfar, varios de ellos han tenido cargos en diferentes administraciones en el Gobiernos del estado y a nivel municipal, luego comenzaron a surgir los grupos de la delincuencia organizada, se da una alianza, pero también viene la participación del Ejército y la policía que empieza a realizar actos de hostigamiento”, señala.

De acuerdo con la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMAFLC), “la historia de la explotación forestal ha evolucionado desde los latifundios españoles y norteamericanos hasta las concesiones a favor de empresas madereras locales. Los inversionistas nacionales y extranjeros encontraron históricamente formas legales e ilegales para burlar los límites a la concentración de la tierra y los bosques establecidos en las leyes mexicanas”.

Tras la situación, a finales de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, Greenpeace exigía al Gobierno siguiente a cargo de Enrique Peña Nieto –que está a pocos meses de concluir- fortalecer “la defensa de los derechos humanos de las comunidades que luchan por conservar sus bosques”, pero el recuento de Olivares va en 27 asesinados y tres desaparecidos.

A causa de los desplazamientos, lamenta, de Coyuca queda muy poco de lo que un día fue: “Los bosques ya fueron arrasados, ya fueron explotados, aprovechando que ya no hubo quién los defendiera. Siguen sacando madera, aunque ya sacaron la mayor parte y la mejor”.

UNA CADENA DE ATAQUES 

Los hermanos Santana Alonso no han sido los únicos blancos de ataques. Olivares Hernández cuenta que desde 2007 los hoy desplazados de La Laguna comenzaron a ser blanco de ejecuciones, desapariciones, ataques y balaceras por parte de grupos criminales, paramilitares e incluso de militares y policías.

Tras el asesinato de Rubén, su esposa Juventina Villa Mojica asumió el liderazgo de la lucha, en ese momento ocurrió el primer desplazamiento de la comunidad, en busca de un lugar seguro, pero a falta de condiciones en Ayutla de los Libres a los pocos meses regresaron a Coyuca.

“Estuvieron allá varios meses, pero el Gobierno del estado no puso atención en el problema, no les dio apoyo y ellos tuvieron que regresarse a su lugar de origen”, recrimina.

A su regreso, Juventina consiguió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) les otorgara medidas cautelares que consistieron en que grupos de policías resguardaran la comunidad.

Había diálogo con Humberto Salgado Gómez, entonces Secretario General de Gobierno, se había logrado el acuerdo de que el 28 de noviembre de 2012 iban a sacar a la gente de la Laguna, la iban a acompañar en su segundo desplazamiento, recuerda Olivares Hernández. Sin embargo, las autoridades no llegaron. Juventina y Reynaldo, su hijo de 14 años, fueron ejecutados por un grupo armado.

“Acordamos con el Secretario general de Gobierno que llegarían entre 7 y 8 de la mañana al lugar, se comprometió a llevar militares para brindar protección en este desplazamiento. Llegan las 10 de la mañana, casi las 11, cuando la señora Juventina ve que no llega la policía ni los militares para resguardarlos, ella trata de irse a una parte alta de los cerros para ver si allí encontraba señal de celular para poder hablarnos e informar lo que estaba pasando. Se va hacia el cerro, pero a medio camino estaba una emboscada, allí la mataron junto con su hijo de 14 años, Reynaldo Santa Villa, a su niña de 9 años ‘le perdonaron la vida’ y fue ella quien dio aviso, aunque los demás ya habían escuchado los balazos”, narra.

A raíz de los asesinatos, los pobladores la sepultaron e inmediatamente huyeron del pueblo, esta vez bajo el resguardo de la policía.

“Los bosques ya fueron arrasados, ya fueron explotados, aprovechando que ya no hubo quién los defendiera. Siguen sacando madera, aunque ya sacaron la mayor parte y la mejor”: Olivares Hernández.

EXIGEN GARANTÍAS PARA BALDO

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” dio a conocer que la vida del activista y su integridad física corren peligro.

“Responsabilizamos al Gobierno del estado de cualquier cosa que le pueda suceder a Baldo Santana Alonso y a cualquiera de los desplazados que representamos”, subraya Olivares Hernández y agrega que la criminalización “tiene un fondo político” y se trata de “una venganza por parte de los caciques locales que son Los Montufar, quienes no perdonan el hecho que no hayan cedido en la explotación de los bosques”.

Además, urgieron a la CEDH a otorgar las medidas cautelares necesarias a fin de que las autoridades garanticen el derecho a un debido proceso legal y con respeto a sus derechos humanos; además, pidieron que sea internado en el penal de Ayutla de los Libres para así facilitar la visita de sus familiares, quienes radican en ese municipio,

Finalmente, manifiesta que durante los últimos dos sexenios la violencia contra los defensores de derechos humanos ha ido en aumento: “Ha sido una época bastante cruel, de bastante impunidad”, critica.

“Calderón Hinojosa empezó un proceso de sometimiento y de ceder lo que teníamos. En este sexenio de Peña Nieto eso ha venido a concretarse, ha venido a cerrar esa pinza que finalmente nos pone en una situación muy lamentable que hasta podríamos decir que hay un estado de crisis humanitaria porque finalmente entre estos sexenios ya sumarán unos 40 mil desaparecidos y ejecutados”, concluye.

SINEMBARGO

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