El magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, Rommel Rafael Gil Pino pidió a Procuraduría General de República (PGR) la detención, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 1 de diciembre cuando arribe a nuestro país a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.
El magistrado entregó una copia de la sentencia y el oficio para que se detenga al presidente venezolano, debido a que existe una sentencia en su contra por corrupción.
Este miércoles, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela solicitó la alerta roja a la Interpol contra Maduro por los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, razón por la cual solicitaron su captura.
En las oficinas de la PGR, Gil Pino explicó que Maduro fue sentenciado a 18 años tres meses de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de corrupción y legitimación de capitales, a raíz del caso Odebrecht.
Todo derivó –dijo- de 13 obras que Odebrecht no realizó y que el gobierno de Venezuela pagó 2.5 billones de dólares.
“Comenzando el 2018, la Fiscalía General de la República en la Ciudad de Bogotá (están en el exilio algunos en Colombia y otros países) que tuvo que salir perseguida por el gobierno de Maduro presentó a este máximo tribunal causa suficiente para solicitar el juicio de mérito el cual nosotros estudiamos y solicitamos el permiso de acuerdo a nuestra regulación constitucional ante la Asamblea Nacional; hubo una votación de 105 votos a favor, dos en contra para continuar el proceso judicial”, dijo en entrevista.
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— El Sol de México (@elsolde_mexico) November 21, 2018
En consecuencia, dijo, hicimos el juicio en la ciudad de Bogotá y se determinó que Nicolás Maduro venía cometiendo delitos cuando fue canciller en la época de Hugo Chávez; se le acusó y se le enjuició por un delito continuado, todo esto en base al caso Odebrecht.
El magistrado expresó que como parte de la sentencia contra Maduro también se le impuso una multa de 25 millones de dólares y la orden de reponer al patrimonio de la República la cantidad de 35 mil millones de dólares.
Rafael Gil mencionó que será respetuoso de la decisión que tome México, pero recordó que nuestra nación forma parte de la Convención de Palermo, por lo que podría detenerlo.
