Si AMLO da amnistía fiscal a los ricos como EPN y FCH irá contra su “primero los pobres”, alertan

La próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre no descarta otorgar amnistías fiscales para aumentar la recaudación de impuestos, una medida que ha sido criticada por organizaciones, las cuales recuerdan que en los últimos dos sexenios esta ayuda sólo ha beneficiado a los grandes contribuyentes.

“La amnistía fiscal envía un mensaje de injusticia, inequidad, favoritismo hacia las grandes empresas y creo que si el mensaje de López Obrador es que en su Gobierno se apoyará primero a los pobres, pues estas amnistías no deben realizarse considerando que los más beneficiados serían las grandes empresas”, dijo a SinEmbargo Iván Benumea, investigador del programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En septiembre pasado, Arturo Herrera Gutiérrez, futuro Subsecretario de Hacienda, declaró que la próxima administración mantenía abierta la posibilidad de otorgar amnistías fiscales.

“El Sistema de Administración Tributaria (SAT) para aumentar recaudación tiene un sinnúmero de instrumentos, uno de ellos puede ser los acercamientos a contribuyentes, incluyendo a partir de amnistías. Esto no está descartado, se va a tener que revisar la forma en que se hace la coordinación internamente”, dijo Herrera a la prensa durante su participación en el seminario “El futuro del financiamiento de la infraestructura en México”, organizado por Moody’s y el Banco Mundial.

Aunque el próximo Subsecretario de Hacienda no confirmó esta medida, organizaciones como Fundar y Oxfam alertaron que las amnistías fiscales implementadas en los primeros años de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) han beneficiado principalmente a las grandes empresas, además de que fomentan la evasión fiscal y significan costos muy grandes para las finanzas públicas.

El Gobierno mexicano ha perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales. En el año 2013, por ejemplo, gracias al programa “Ponte al Corriente”, implementado por el SAT, un total de 41 mil 399 personas morales fueron beneficiadas y dejaron de pagar 159 mil 620 millones de pesos.

En esa ocasión, 36 empresas concentraron el 50 por ciento de las condonaciones autorizadas, es decir, más de 80 mil millones de pesos. Lo perdonado a estas empresas, de las cuales no se sabe el nombre, representó el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

De acuerdo con cifras de Fundar, el monto total condonado a las empresas de 2008 a 2016 asciende a 593 mil 448 millones de pesos, sin embargo, la falta de transparencia y rendición de cuentas ha impedido que se conozcan los nombres y montos de las beneficiadas.

Desde febrero de 2017, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fernando Silva, ordenó al SAT publicar el nombre de las personas con deudas perdonadas en el periodo 2007-2015, ya que un grupo de 15 contribuyentes se vieron beneficiados durante siete años y se les condonó más de 46 mil millones de pesos.

A partir de la orden del juez, distintos bancos y corporativos iniciaron una batalla judicial para impedir que la sentencia dictada a favor de Fundar sea cumplida.

“No sabemos a quienes el SAT les ha perdonado impuestos porque las empresas se están amparando para que no se conozcan sus nombres ni el monto que se les condonó. Desde hace dos años estamos en un litigio pidiendo que se revele esta información, pero las empresas han encontrado formas de no dar informes.
Hay reportes de la ASF que dicen que se trata de bancos, medios, y que ellos son los grandes beneficiados de la amnistía de Peña Nieto”, mencionó Iván Benumea, de Fundar.

AMNISTÍAS SÍ, PERO NO PARA LOS MÁS RICOS

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos tributarios en el país, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), representan 17.4 por ciento, lo que la ubica como la nación con la menor recaudación. El promedio es de 34 por ciento.

Bajo este escenario, organizaciones como Fundar y Oxfam se oponen a condonar deudas tributarias por el bajo nivel de captación de impuestos, sin embargo, algunos académicos como Ernesto Bravo Benitez, Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideran que las amnistías fiscales sirven para regularizar el padrón de obligaciones fiscales y son una opción para beneficiar a las pequeñas y medias empresas.

“No se trata de condonar a los grandes deudores, esto debería ir dirigido a ciertos sectores como las miro, pequeñas y medianas empresas. Esta sería una excelente medida porque este grupo está siendo sujeto de una presión tributaria muy alta y en ese sector se emplea la mayor parte de los trabajadores del país”, dijo Bravo Benitez al señalar que “condonar a las grandes empresas sería violatorio de la equidad”.

Para el investigador de la UNAM, las amnistías fiscales son arreglos, pero no pérdidas porque no es un recurso que se ha ingresado a las arcas del Gobierno. “En realidad es un ingreso pendiente de cobrar y que está demandando el uso de recursos administrativos para el SAT con muy baja posibilidad de cobro”.

Académicos y organizaciones coinciden en que si el Gobierno de López Obrador planea aplicar las condonaciones fiscales, se debe transparentar el proceso para que la opinión pública sepa a quiénes se les perdonarán impuestos atrasados. Además, proponen que se incluya a la sociedad civil.

“El primer consejo (al nuevo Gobierno) es que en la elaboración de la propuesta para la amnistía fiscal se permita la participación ciudadana, que no sea algo negociado a puerta cerrada. El segundo consejo es que en caso de que se aplique la amnistía que no se beneficie a las mismas personas, y el tercero es que a partir de que se aplique la amnistía, el SAT debe implementar mecanismos de fiscalización más estrictos para evitar más adeudos”, aconsejó Iván Benumea, de Fundar.

Para el investigador de la UNAM, Ernesto Bravo Benitez, el nuevo Gobierno debería estar informando sobre las empresas a las que se les va a condonar. “Estaría obligado a transparentar esas empresas y el monto condonado para evitar lo que sucedió en otros sexenios que por opacidad a las grandes empresas se les exentaba”.

SINEMBARGO

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