Otra vez tuercen la ley

Tamiahua, Ver.- El gobierno municipal de Citlali Medellín dio a conocer que restituyeron la plaza cívica a la iglesia Santiago El Pescador, con base a la Ley de Bienes Nacionales y en apego del Artículo 130 Constitucional. Sin embargo, la aplicación de estas leyes no corresponden al municipio, sino al órgano garante del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

“En este momento el H. Ayuntamiento otorga el reconocimiento jurídico de la conocida ‘plaza cívica’ a la Iglesia Católica, con esto se devuelve un bien que siempre había pertenecido a las autoridades eclesiásticas”, informó el ayuntamiento, el pasado 1 de abril.

Sin embargo, el ayuntamiento no tiene facultades para otorgar reconocimiento jurídico a un bien inmueble, propiedad de la nación. Aparte de que existe un comité para la operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal.

Además, el Artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que: “Respecto de los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades, a la Secretaría le corresponderá:

I.- Resolver administrativamente todas las cuestiones que se susciten sobre la extensión y deslinde de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades”.

También establece la responsabilidad federal parara “Revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de obras que le presente la asociación religiosa usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo aprovechamiento”.

No existe ni un solo artículo de esta ley que diga que el municipio podrá otorgar reconocimientos jurídicos a los bienes que se supone son de la iglesia y/o de la nación.

Pero, además, el Artículo 130 de la Constitución establece el principio histórico de la separación del estado y la iglesia y deja bien claro que “las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”.

Pese a ello, el pasado 9 de abril la alcaldesa Citlali Medellín publicó lo siguiente: “En este momento se revisan detalles del nuevo sitio que ocupará la estatua en honor a Santiago El Pescador, en el atrio que se le acaba de reintegrar a la iglesia, con base en la Ley de Bienes Nacionales y en estricto apego al artículo 130 constitucional, que determina la separación entre el Estado y las iglesias”.

La pregunta que queda es que si reconocen la separación del Estado e Iglesia, ¿qué hace el ayuntamiento “revisando detalles” de una obra que se supone es de la Iglesia?.

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