Objetan eficacia de la Iniciativa Mérida; perdió sentido, señalan

A 10 años de ponerse en marcha la Iniciativa Mérida entre los gobiernos de México y Estados Unidos debe revisarse todo el esquema de seguridad, consideraron expertos en la materia, que incluso llegan a calificar como un fracaso dicho plan de cooperación.

La Iniciativa Mérida, firmada el 30 de junio de 2008, es un programa de cooperación bilateral para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, que consiste en la transferencia de equipo, tecnología y capacitación de Estados Unidos a nuestro país.

En entrevista, Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de crimen organizado y seguridad nacional, señaló que en un principio el intercambio de información ayudó en la captura y abatimiento de algunos líderes de las grandes organizaciones criminales.

“Creo que con el paso de los años, con el cambio de gobierno de Estados Unidos, primero con Barack Obama, ahora con Donald Trump, como que ha ido perdiendo sentido la Iniciativa Mérida, y sobre todo en el inicio de esta administración, de la administración Peña, cada vez su influencia parece ser que fue menor”, aseguró Fernández Menéndez.

Destacó que la cooperación bilateral en temas de seguridad debe ser prioridad para ambas naciones, por lo que es necesario que se lleve a cabo un acuerdo en el que se engloben todos los actores que estén inmersos en la lucha contra el trasiego de drogas.

“Si se quiere conservar algo como la Iniciativa Mérida, se tendrían que hacer modificaciones muy profundas, me parece que en todo caso lo que tendríamos que hacer es un acuerdo de seguridad quizá basado en la Iniciativa Mérida, pero mucho más profundo”, consideró.

Para Víctor Manuel Rangel Cortés, doctor en Derecho por la UNAM, la Iniciativa Mérida abre las puertas para que Estados Unidos intervenga en México y, con base en sus propias necesidades de protección, modifique el contenido de la Constitución y el resto del sistema jurídico, mediante la incorporación de elementos represivos que sólo pretenden detener criminales a costa de los derechos humanos.

Para el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Iniciativa Mérida permite que Estados Unidos ejerza control económico de la política de seguridad pública en México para que las cosas se hagan tal y como lo manda ese país.

También permite que Estados Unidos controle la política criminal en México, toda vez que el gobierno mexicano recibe dinero, capacitación, armamento y financiamiento militar, así como evaluaciones directamente de Washington a cambio de sacrificar su soberanía.

Para el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa Diplomado de Seguridad Nacional y Democracia en México, de la Universidad Iberoamericana, fue un fracaso.

Sostuvo que dicha iniciativa tuvo un impacto negativo para México en varias vertientes, lo que obliga a replantear toda la relación y cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.

Comentó que, en principio, el valor de los recursos transferidos por Estados Unidos a México representa una proporción mínima, en comparación con lo invertido por el gobierno mexicano en seguridad.

Después, generó distorsiones en la actuación de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Policía Federal, las cuales protagonizaron una “rebatiña”, una disputa vergonzosa por los recursos de la Iniciativa.

Millonario apoyo

De diciembre de 2008 a la fecha, el gobierno de EU ha transferido a México 2 mil 300 millones de dólares.

El monto acordado en principio por las partes fue de mil 400 millones de dólares, según información de los gobiernos de ambos países.

Entre el equipo entregado hay helicópteros para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública; aviones para la Semar, que contribuyen a labores de vigilancia y búsqueda; equipos de inspección no intrusiva para el Servicio de Administración Tributaria, Policía Federal, PGR y Servicio Postal Mexicano y equipo para laboratorios periciales para la PGR.

También han entregado equipo de entrenamiento para académias de policía estatales y para captura de datos biométricos para el Instituto Nacional de Migración (INM).

Excélsior

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