La fiscalía chilena triplica el número de investigaciones por abuso de obispos y sacerdotes

En menos de tres meses, la Fiscalía chilena he realizado 11 allanamientos a dependencias de la Iglesia católica, en tres regiones de Chile, entre ellas la capital, lo que les ha permitido al Ministerio Público triplicar el número de causas abiertas por delitos sexuales contra menores en el seno del clero. Desde mediados de julio, la cifra de casos bajo lupa ha pasado de 37 a 119, según el último reporte oficial. De los 167 imputados, se hallan siete obispos, 96 sacerdotes, cuatro diáconos, 30 religiosos que no son sacerdotes, 10 laicos ligados a la Iglesia y otras 20 personas, cuyo vínculo con la institución todavía no ha podido ser precisada por la Fiscalía. De las 178 víctimas, al menos 79 eran menores o adolescentes al momento de los delitos y 15 eran adultos, aunque existen 84 personas de las que no se ha podido saber con certeza la edad que tenían al ser abusados por miembros de la Iglesia.

Entre los imputados se halla el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que fue citado a declarar por encubrimiento. La diligencia estaba fijada para el pasado 21 de agosto, pero fue suspendida: la defensa del líder de la Iglesia católica chilena realizó la solicitud para estudiar los nuevos antecedentes que día a día engrosan el proceso y el fiscal Emiliano Arias no ha dado a conocer la nueva fecha. Ezzati está en una situación imposible: el Papa Francisco todavía no ha cursado su retiro, aunque en enero cumplió la edad necesaria y fue parte de la renuncia en masa que tuvieron que realizar todos los obispos del episcopado chileno en medio de la crisis. Mientras los escándalos sexuales explotan en todo el país y las últimas misas que ha celebrado fueron interrumpidas con abucheos, Ezzati no puede ejercer su cargo. No encabezará una de las misas de mayor importancia en Chile, el Te Deum ecuménico por las Fiestas Patrias del 18 de septiembre, luego de que dirigentes políticos de diferentes sectores pusieran en duda su asistencia, incluido el presidente Sebastián Piñera.

La Iglesia católica local atraviesa por un momento crítico, mientras el nuevo contexto anima por primera vez a las víctimas a denunciar. “Los obispos y cardenales chilenos tenían una máquina criminal tan bien montada que ahora que se vino abajo, estamos viendo lo que escondían. El haber sido expuestos como lo que son, delincuentes, permite a muchos perder el miedo a denunciar. La sociedad ha entendido el abuso y la mayoría tiende una mano a los que lo han sufrido. Eso ayuda”, relata Juan Carlos Cruz, periodista chileno que vive en Filadelfia, víctima del influyente padre Fernando Karadima, que a fines de abril fue invitado por el Papa a su residencia de Santa Marta junto a otras víctimas para pedirles perdón, escuchar su historia y tomar decisiones sobre el caso chileno. “Espero que algunos obispos y cardenales terminen en la cárcel a causa de su abuso o encubrimiento. Ya no hay impunidad para ellos, que siempre se sintieron por sobre la ley”, agrega Cruz.

Pero junto a la decisión de las víctimas de denunciar los delitos, lo que explica que se hayan triplicado los casos en menos de tres meses son los nuevos antecedentes que han sido incautados por los fiscales en los 11 allanamientos en la capital y en las regiones de O’Higgins y la Araucanía, en el sur del país. Aunque en las últimas semanas las propias congregaciones han comenzado a informar algunas denuncias recientes a la Fiscalía –los salesianos acaban de suspender a un sacerdote por abusos que se habrían cometido entre 1992 y 1993–, la Iglesia no acostumbraba a informar a la Justicia los delitos contra menores de los que tenía conocimiento. Las incautaciones de las investigaciones eclesiásticas históricas, por lo tanto, han resultado una caja de Pandora y todavía son analizadas por los diferentes fiscales a cargo.

El fiscal Arias es el principal encargado de perseguir en Chile los delitos de abuso sexual contra menores cometidos por miembros de la Iglesia. Las causas que investiga tienen a 155 de las 178 víctimas contabilizadas a nivel nacional. En sus indagaciones apunta a un objetivo ambicioso: desentrañar la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena que posibilitó la comisión de delitos al interior de la organización. Este camino le lleva directamente a los obispos que, a su juicio, eran los garantes de la protección de los menores. “El sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica”, señaló Arias a fines de julio en entrevista con EL PAIS. En esa ocasión, el fiscal se refirió a un hecho probado: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”.

 

 

EL PAÍS

nlx

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