Con tal de ganar inversiones, el gobierno federal y estatal promueven proyectos privados en áreas naturales, sin tomar en cuenta los daños ambientales y violación a los derechos humanos de campesinos e indígenas afectados con estas acciones.
Emilio Rodríguez, ambientalista e integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), señaló que en Veracruz se han registrado hasta muertes de activistas que buscan defender los derechos humanos y ambientales.
“Es preocupante la posición que están tomando las autoridades, sobre todo a nivel federal, de la Secretaría de Energía, de Economía y el Órgano Ambiental para materia energética, pues califican como terrorista la defensa de los derechos humanos realizada por comunidades campesinas solo porque lesionan intereses de empresas privadas.
“Las agresiones e intimidaciones no sólo se concentran en ambientalistas, pues también agreden a comunidades y pueblos indígenas”, abundó Emilio Rodríguez, quien recordó que los habitantes del municipio de Jalcomulco, ubicado en la zona centro del estado, se organizaron para evitar la construcción de una hidroeléctrica.
Indicó que el Río Los Pescados es anhelado por la empresa Odebrecht, un conglomerado brasileño denunciado en su país de incurrir en actos corrupción.
No obstante, el aparato judicial se ha encargado de criminalizar a los ejidatarios y campesinos por oponerse a los planes de esta empresa