Indemnizan familias a ocho años de la masacre en San Fernando

El Gobierno mexicano ha anunciado que indemnizará a 48 ecuatorianos que fueron víctimas de una de las peores matanzas del crimen organizado en el país. Durante los peores años de la guerra contra el narco los inmigrantes fueron blanco de los carteles de la droga  que secuestraban los autobuses que transitaban por las autopistas de Tamaulipas. En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas –uno de los carteles más sanguinarios- en San Fernando, una localidad de Tamaulipas (frontera con Estados Unidos). Este miércoles, funcionarios mexicanos anunciaron en Ecuador una compensación para el único sobreviviente y para 48 familiares de otros cinco migrantes que fueron asesinados por el cartel y de origen ecuatoriano. La reparación se da por primera vez a ocho años de la masacre y contempla medidas de restitución, rehabilitación y no repetición.

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El hecho conocido mundialmente como la masacre de San Fernando fue contado por dos sobrevivientes. Uno de ellos, un acuatoriano que logró huir y pedir ayuda, hoy fue indemnizado. En su momento, el superviviente relató que los delincuentes se identificaron como miembros de la organización criminal de Los Zetas, que trataron de extorsionarlos, y que al negarse fueron acribillados. A él lo dieron por muerto y fue así como logró huir del rancho donde quedaron apilados los cuerpos del resto de inmigrantes.

En un comunicado oficial emitido este miércoles, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la instancia del Gobierno mexicano encargada de la indemnización, informó que las víctimas ecuatorianas son las primeras en recibir copensaciones subsidiarias, pero no reveló más detalles. “Las medidas de compensación fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó la masacre de San Fernando como una grave violación a los derechos humanos. El organismo dio a conocer en junio de 2017 que haría pública la información del expediente que integró con motivo de los hechos ante el interés de la sociedad de conocer la verdad. “A partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, la CNDH determinó que los hechos están relacionados con violaciones graves a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados”, relató.

A ocho años de la matanza, no hay ni una sola persona condenada, ha denunciado la Fundación para la Justicia, que ha apoyado a los familiares de las víctimas. Las autoridades han detenido a decenas de presuntos responsables y mantienen procesos en curso en contra de varios de ellos, pero no ha logrado ninguna sentencia condenatoria. En noviembre del año pasado, las autoridades detuvieron a Jesús Jaramillo Silva, en Ciudad Victoria (Tamaulipas),y lo trasladaron a Ciudad de México. El hombre  de 56 años, identificado por el Gobierno mexicano como jefe del grupo delictivo que coordinó el homicidio de los 72 migrantes, falleció dos días después.en un hospital después de ser intervenido quirúrgicamente.

La masacre de San Fernando no fue la única perpetrada por el crimen organizado. En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres en diversas fosas en el mismo municipio. En diciembre de 2014 el National Security Archive –un instituto de investigación de la Universidad de George Washington-, reveló que los agentes municipales de San Fernando también participaron en la masacre. Sobre este hecho, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como víctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por Los Zetas y encontrados en cementerios clandestinos en 2011. El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales.

 

 

EL PAÍS

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