CDMX.- El gobierno federal indaga, mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las fuerzas armadas y la Procuraduría General de la República (PGR), a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de detectar que el robo de combustible no solamente ocurre en los ductos, sino en los centros de distribución en cantidades que podrían llegar a mil 500 barriles semanales —240 mil litros— y que son destinados de manera ilícita a compañías que utilizan grandes cantidades de combustibles como diesel y gasolina.
Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que el cierre de ductos en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y de Sonora a Sinaloa, así como el cambio de administración de la terminal de Salamanca, han generado que las poblaciones y grupos que antes se dedicaban al huachicoleo aumenten la violencia y ahora obtengan recursos con el robo a trenes de carga.
Ante el incremento del robo de hidrocarburo en diversas zonas del país, con daños superiores a 20 mil millones de pesos, las autoridades federales y Pemex comenzaron a trazar una estrategia para documentar la pérdida de combustibles en los ductos, la petrolera mexicana decidió cerrar ductos en el llamado Triángulo Rojo, que abarca municipios de los estados de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, al igual que en el tramo que va de Topolobampo, Sonora, hasta Los Mochis, Sinaloa.
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