EPN no sólo no cumplió en Salud: quitó 20% a los fondos y, en sus manos, el sector casi colapsó

La promesa fue “Salud para todos”; pero el sexenio de Enrique Peña Nieto concluye con 83 mil 37 camas para 112 millones de habitantes y tres médicos por cada dos mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de entre dos o tres por cada mil. Es una infraestructura insuficiente para un país en el que la epidemia de la obesidad y sus padecimientos consecuentes como la diabetes e hipertensión tiene atrapada a más de la mitad de la población.

El desequilibrio es más crítico en cuanto al personal paramédico (enfermeras y auxiliares): hay 302 mil enfermeras para los más de 112 millones de habitantes de la República y una proyección de Axa Seguros indica que México requerirá otras 200 mil para 2020 y aún no existen condiciones para su formación.

Esa es la realidad y en ella se entiende por qué más de 900 mexicanas dieron a luz en la banqueta de los hospitales públicos en varios momentos durante el sexenio, según el registro de la Secretaría de Salud. Pese a estos momentos críticos y de alarma, el sector salud jamás estuvo en el centro de los debates ni fue destino principal de los recursos públicos. El presupuesto para atender el sector fue en declive. Arrancó y finalizó prácticamente igual: con 121 mil millones de pesos, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).

EL PAÍS QUE NO LOGRA BAJAR DE PESO

En 2012, cuando recibió la Administración de manos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), México había alcanzado el tope epidemiológico en obesidad. Ahora que la Administración peñanietista concluye, el denso panorama no disminuyó. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), de 2012 a 2016, las condiciones de obesidad y sobrepeso se mantuvieron sin cambio. Lo que sí aumentó en los mexicanos, según el Instituto Nacional de Salud Pública fue el consumo de alimentos con impacto negativo; es decir, los productos chatarra.

En un estudio, respecto a los resultados del Inegi, el instituto expone: “Se observó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo cotidiano aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupo de alimentos no recomendables para consumo cotidiano): 81.5 por ciento consume regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 61.9 por ciento botanas, dulces y postres y 53.4 por ciento cereales dulces”.

El mismo Gobierno federal reconoce que debido a la obesidad, 6.46 millones de personas padecen diabetes mellitus, una cifra que supera a la población total de Costa Rica. La hipertensión arterial afecta, según la misma encuesta, a 10.39 millones de personas de las cuales, muchas no lo saben. Ambos padecimientos son causas de mortalidad.

Pese a todos los pesares, este sector no estuvo en el centro de los debates ni fue destino principal de los recursos públicos. El presupuesto para atender el sector fue en declive. Arrancó y finalizó prácticamente igual: con 121 mil millones de pesos, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2013 se destinaron 121 mil 856 millones de pesos; en 2014 ascendió a 130 mil 264 millones de pesos; para 2015 alcanzó 134 mil 847 millones de pesos; en 2016 sufrió un recorte y quedó en 132 mil 216 millones de pesos; en 2017 y 2018 el descenso fue más dramático y se mantuvo como al inicio de la gestión priista, con 121 mil 817 millones de pesos y 121 mil 934 millones de pesos, respectivamente.

Durante la campaña y con su firma estampada ante Notario Público, Enrique Peña Nieto empeñó su palabra en 21 compromisos para el sector salud, pero dejó pendientes diez. Todas fueron promesas localizadas. Se centraron en la construcción y modernización de hospitales en Oaxaca, el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Guanajuato. No hubo ninguno que de manera integral estuviera dirigido al impulso del sector.

Desde la academia, los observadores sostienen que el área sufrió abandono: la herencia que deja es una situación “crítica” a la administración de Andrés Manuel López Obrador que consiste en obras de infraestructura inconclusas, presupuesto trasquilado, desigualdad en el acceso a los servicios, subrogación a privados, hospitales abandonados, unidades sin equipo y médicos trabajando en condiciones precarias.

“Si entendemos el derecho a la salud como el acceso individual ante necesidades iguales, de ninguna manera se garantizó durante este sexenio. Los sectores pobres no tienen acceso a muchísimas cosas. Además, se dieron pasos a la privatización, no en plan completo porque no pudieron entrar las aseguradoras, pero sí hubo una enorme subrogación a privados”, señala Rafael González Guzmán, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde la academia, los observadores sostienen que el sector salud fue abandonado: la herencia que deja EPN a AMLO es una situación “crítica”: obras de infraestructura inconclusas, presupuesto trasquilado, desigualdad en el acceso a servicios, subrogación a privados, y médicos trabajando en condiciones precarias.

LA SALUD Y PEÑA NIETO

El 3 de abril de 2013, en El Palacio Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el programa con el que planeaba administrar el sector. “México vive una situación compleja en materia de salud pública. La fragmentación del sector, el uso ineficiente de recursos y la saturación de los servicios afectan la calidad de la atención médica”, reconoció el Primer Mandatario ante integrantes de la comunidad médica a quienes les entregó reconocimientos. Entre ellos, Jesús Kumate (Q.E.P,D), quien fuera Secretario de Salud en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En su estilo apegado a la puntualización, Peña Nieto expuso tres lineamientos de la política de Salud Pública que se añadieron a los compromisos planteados en la campaña: acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención.

En la primera línea, Peña Nieto explicó que sin importar el nivel socioeconómico o la condición laboral, el Estado debía asegurar los servicios de salud a toda la población. En este rubro, se fortalecerían las instituciones del sector salud y no sería añadido ningún programa.

Serían impulsados el Seguro Popular –cuya operación empezó en 2004 en el Gobierno de Vicente Fox-, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No fue hasta 2016 cuando presentó de manera formal la forma en que garantizaría la salud para todos; es decir la universalización.  En febrero de ese año, Mercedes Juan López presentó su renuncia como Secretaria de Salud y en su lugar, asumió Juan Ramón Narro Robles, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa fecha, el Presidente y el flamante Secretario presentaron un Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud.

En primera instancia, el convenio significó una alianza entre el programa Prospera, el Seguro, el Seguro Popular, y las instalaciones del Instituto IMSS, la SSA y el ISSSTE. Los derechohabientes de cualquiera de las instituciones podían acudir a la red. Fue un proyecto federal al que se añadieron todos los estados.

Gustavo Leal, observador de la política pública del sector, rememora: “Se llevaron a tres estados de corbata. El caso más penoso fue el de Oaxaca. ¿En qué momento se consultó al sector salud de las posibilidades que tenían de entrar a ese acuerdo? Nunca. El otro caso fue el Edomex, una entidad que por un lado tiene una de las bolsas más grandes del Seguro Popular, pero también una desigualdad extraordinaria. ¿En qué momento lo consultaron?”

Y exclama: “La mentira en el sexenio de Peña Nieto en materia de salud fue demagógica al ofrecer salud universal cuando los hospitales están desabastecidos, cuando faltan médicos, enfermeras y cuando el sector en su conjunto está plagado de corrupción”.

MEDIO AMBIENTE, EL OTRO OLVIDO

¿Fue el ámbito del medio ambiente una prioridad para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto? La respuesta, aseguran especialistas en materia, es “no” y es rotundo.

Para empezar, únicamente dos de los 266 compromisos firmados ante Notario Público en campaña fueron acerca del tema y ninguno de ellos ha sido cumplido.

Estos dos compromisos –un número mínimo- ya eran un indicador de poco interés, según  Eduardo Torres, integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “(El hecho de que sólo dos promesas se basaran en la ecología) puso en perspectiva el interés y relevancia que tendría la agenda medioambiental en la administración”, dice.

“No sólo fue un tema ausente, sino que hubo una gran complicidad del Gobierno de Enrique Peña con la destrucción ambiental”, abunda Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la máxima casa de estudios.

En el compromiso 201, el mandatario priista estableció un programa de recuperación de áreas verdes de la Ciudad de México (antes Distrito Federal). Para lograrlo, rescataría y rehabilitaría el Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco, el Parque Ecológico Huayamilpas y el Río Magdalena.

Aunque rehabilitó el Bosque de Aragón en 2017 con una inversión de 20 millones de pesos y el parque ecológico Huayamilpas, con 108.5, el Río Magdalena y la zona chinampera de Xochimilco son dos pendientes que deja al concluir su administración.

En el compromiso 216 prometió sanear el Lago de Tequesquitengo, en Morelos, y reforestar la zona, pero también está a medias: aún no lo logra por completo y lleva una inversión de 300 millones de pesos.

“Me parece que el Presidente Peña tuvo una política medioambiental muy poco seria en donde la frivolidad y los intereses particulares estuvieron muy presentes por encima del interés público”, indica Eduardo Torres.

Pero además, el presupuesto se redujo año con año: en 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió 56 mil 436 millones de pesos, para 2014 se elevó a 68 mil 952 millones. Pero, durante los últimos tres años se le recortaron casi la mitad de los recursos: en 2015 contó con 67 mil 976 millones, para 2016 tuvo 55 mil 770 millones, en 2017 llegó apenas a 35 mil 978 millones y para finalizar la gestión priista, la dependencia obtuvo 37 mil 580 millones.

“Si comparamos el presupuesto de 2018 con lo asignado en 2013, vemos que se le quitó más del 35 por ciento. Eso impacta en todas las dependencias del sector ambiental: si la Secretaría encargada no tiene presupuesto, no puede cuidar los bosques, no puede cuidar los mares, los temas vinculados al agua, en fin, el principal retroceso en este Gobierno fue haber hecho un recorte presupuestal a este sector”, declaró el profesor.

Más allá del incumplimiento de los compromisos, Peña Nieto llevará a cuestas el desastre ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi que afectó a 24 mil personas que hasta el momento no han tenido acceso a la justicia; la extinción de la vaquita marina, especie endémica del Golfo de California que vio morir al 90 por ciento de sus ejemplares durante este mandato; concesiones mineras entregadas a costa de la salud; mares y costas sucias; ciudades contaminadas y bosques deforestados. Además, el Presidente se despide con decenas de asesinatos de personas defensoras de las causas ambientales.

“Lamento que el Gobierno de Peña Nieto no haya logrado poner el tema como prioridad. Las consecuencias de no haberlo hecho las vamos a sufrir los mexicanos con un medio ambiente degradado, menos recursos, menos especies endémicas, etcétera”, expresa Torres.

Ante el panorama, los académicos consultados por este medio de comunicación manifestaron que el próximo Gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador enfrentará grandes retos en materia que deberán ser abordados con la participación de expertos y con un enfoque social y no económico como ocurrió con Peña Nieto y administraciones anteriores.

“[EPN] Se va dejando cuentas muy negras y deterioro que en muchos casos es irreversible. Debe haber un compromiso del próximo Gobierno por revertir esta situación y tomar los temas ambientales en serio y no como temas meramente de ‘folclore’”, urge Merino Pérez.

Torres lamenta que el medio ambiente no haya sido prioridad en este sexenio. Expresa: “Debería serlo para todos los gobiernos porque al cuidar el medio ambiente estamos preservando la vida, podríamos decir que el cuidado de los recursos naturales es un asunto de seguridad nacional: permite la preservación del Estado mismo, le permite ser soberano”.

SINEMBARGO

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