El jarabe maldito, el peor escándalo de salud de la historia de Panamá

Panamá, 29 ago (EFE).- Un grupo de personas demandaron hoy al Estado panameño por un caso de envenenamiento masivo en Panama por un jarabe, el cual fue distribuido por el seguro social del país, al que aspiran una indemnización de hasta 200 millones de dólares.

“Después de 12 años de este calvario presentamos ante la Corte Suprema de Justicia más de 400 demandas contra el Estado, con valor de 180 a 200 millones de dólares como resarcimiento a las víctimas”, explicó a Efe el presidente del Comité de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual.

En medio de una manifestación en el Supremo, Pascual indicó que el paquete de demandas, solo es la primera de un primer grupo de afectados, y que interpondrán otras luego que tengan más evidencias científicas y datos.

“Pedimos justicia, aunque esto no va resolver nuestros problemas de salud o devolver la vida de los que murieron, es un resarcimiento que el Estado debe dar desde el punto de vista moral”, detalló.

Mencionó, además, que hay una moratoria de cuatro años en revisar la ley de pensión a los sobrevivientes -que cobran actualmente unos 600 dólares mensuales-, para que se de un aumento de 900 a 1.000 dólares. Hasta el momento unas 1.200 personas tienen este beneficio.

Entre tanto, el abogado de los envenenados Francisco Carreira precisó a los periodistas que desde el año 2006, estas personas han recibido  un tratamiento médico deficiente, y hoy hay pacientes que están en riesgo, y eso es parte de lo que se reclama al Estado.

Esta es una demanda millonaria contra el Estado y la Caja de Seguro Social, exigiendo un reembolso por los daños y perjuicios que han causado a todas estas personas”, declaró.

Una de ellas es Julissa Berguido, quien mientras sostenía un cuadro de su madre que murió por las secuelas del dietilenglicol, dijo a Acan-Efe que el proceso ha sido muy difícil para su familia, y que han tenido que sufrir la mala atención por ser solo víctimas.

Sumado a ella, su hija Liz Vázquez de 25 años, también es una de las supervivientes que lucha por la causa, a pesar de padecer de diversas afecciones como desautonomía múltiple a raíz del veneno.

Otra de los afectados es Gloria de Coronado, quien desde el 2006 fue afectada por el tóxico, y hasta ahora se mantiene pendiente de que el caso avance a pesar de que la justicia no ha respaldado a los que han sufrido las secuelas.

Vivo una sentencia de muerte y todo a causa de beber un jarabe con dietilenglicol. A pesar de ello, esta demanda es histórica, y no ha sido fácil, ya llevamos casi 13 años y todavía hay personas que no se han reportado”, denunció.

Ahora Coronado le tocará esperar que prospere la demanda con una cantidad de padecimientos que sufre como diabetes, problemas de colon, y dolores cervicales y lumbares.

La Caja de Seguro Social compró en un proceso iniciado en 2003 unos 9.000 kilos de una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró un jarabe y pastas para la piel, que resultó ser de uso para refrigerante industrial y no para consumo humano, por contener la sustancia venenosa dietilenglicol.

Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos de estos “jarabe de la muerte”, pero no fue hasta 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

En abril de este año, la Corte Suprema revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector de la estatal Caja del Seguro Social, René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.

En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 e invalidada después por el máximo tribunal, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.

 

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