Doce años, 3 presidentes, y las familias de Pasta de Conchos no tienen ni cuerpos para enterrar

Elvira levanta la vista. Abre un poco más los párpados. Un cálido brillo emerge de sus redondos ojos negros que minutos antes lloraban al recordar a su esposo muerto el 19 de febrero de 2006. Lleva las manos a su rostro. Suspira.

–No lo podíamos creer. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra queja contra el Gobierno mexicano es una puerta que se abre; significa que nosotros tenemos la razón. Esperamos ocho años para esto y vamos a seguir luchando por el rescate –dice, con una apacible sonrisa.

En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, la madrugada del 19 de febrero de 2006.

Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la  Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.

Pasta de Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, los cuales, agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.

Nombrar en 2018 a Pasta de Conchos no remite a una región; sino a una tragedia que lejos de llegar a su punto final, se reproduce como si deseara permanecer.

Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, lo resume: “Pasta de Conchos visualiza la tragedia de la minería del carbón: las malas condiciones de seguridad de sus trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros y la brutal indolencia del Estado mexicano y de los empresarios”.

La mina pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Con una fortuna estimada en los 17 mil 300 millones de dólares, Larrea Mota Velasco se ubica en el número 72 del ranking global de los hombres con mayor fortuna del mundo, según la lista Forbes 2018.

La compañía del multimillonario, quien semanas atrás acaparó la atención de los medios de comunicación porque –al igual que otros empresarios– llamó a sus empleados a votar contra Andrés Manuel López Obrador y contra un modelo económico populista, recibió la concesión para Pasta de Conchos en 2009, durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Pasta de Conchos resumen la industria minera en México: malas condiciones de seguridad de los trabajadores, bajos salarios bajos, la pobreza y “la brutal indolencia del Estado y los empresarios”, afirma Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos.

 

ELLA NO SABÍA LLEGAR A LA MINA

Elvira Martínez arribó confusa y desorientada a las afueras de la mina de Pasta de Conchos ese sábado negro. Era la primera vez que visitaba el lugar. La joven madre no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre minería. Jorge Bladimir Muñoz Delgado, su esposo, jamás le platicó acerca del trabajo. Él, ganaba 95.30 pesos por jornada  laboral, al menos así estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016. Ella no sabía siquiera el nombre de la mina, ni cómo llegar. Habían procreado tres hijos.

“Como él decía que yo no iba a entender, no me platicaba. Pero teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos en matrimonios y a ellos sí les narraba que adentro hacía mucho calor; que les faltaba el aire; que las cuestiones eléctricas estaban muy mal, sobre todo lo de los alambres: que los cables no estaban cinteados. Todo eso lo platicaba a sus amigos y ellos -ya después- me lo contaron a mí”, refiere.

Recién pasó el siniestro, Elvira pensaba que sería cuestión de horas o días para que sacaran a su esposo: “Empezó la primera semana, y como seguían dando información de que se hacían los trabajos, nosotros teníamos una esperanza del rescate. Era sólo cuestión de esperar. Para mí sólo era cuestión de esperar. Sí veía que la gente lloraba, que muchos se preocupaban, pero no entendía por qué, yo decía: ‘simple y sencillamente es cuestión de esperar’.

La tragedia y la batalla por el rescate han convertido a Elvira en una mujer que ahora conoce bien de minas. Sus días pasaron de ser un ama de casa que sólo atendía a su esposo y juntarse con matrimonios, a trámites y pugnas legales, investigación y documentación sobre la tragedia; capacitación de términos de minería y derechos humanos; todo ello al grado, de que hoy es una de las autoras de “Carbón Rojo”, estudio emitido este año por Familia Pasta de Conchos.

El informe documenta y expone las negligencias de la empresa, las inspecciones que mostraban la falta de seguridad, y cómo la Secretaría de Trabajo toleró que la mina siguiera en función arriesgando a sus trabajadores, y cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia meses antes había emplazado a la mina por las malas condiciones de seguridad.  Y cómo dejó pasar la negligencia después de “vender” a sus representados.

En 2006, después de la explosión en Pasta de Conchos, Gómez Urrutia fue acusado de desviar 55 millones de dólares, dinero del sindicato minero, para fines personales, durante los sexenios de los ex Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pidió exilio en Vancouver, Canadá, donde permanece.

Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos en 2006. Claudia Maricela Escobar Pacheco, María de Lourdes Zapata Rodríguez y Rosa Riojas Hernández, todas viudas, se unieron a la petición. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo clasificó como “confidencial” el expediente.

Elvira promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, mismo que fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.

La demandante –esa mujer que hacía unos años no sabía nada de minas– recibió un total de 1,343 fojas del expediente. Así es como OFPC tiene acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera.

Elvira ha luchado a contracorriente todo este tiempo, incluso – recuerda- familiares directos le han recomendado claudicar.

–Al principio mi suegro, que en paz descanse, me decía: ‘Nunca les vas a ganar, Elvira, nunca les vas a ganar. Ellos son los del poder, los del dinero. Ya déjate de andar ahí’ .  Y yo le decía: ‘No, porque lo poco que pueda hacer, al menos no me voy a callar, si no voy a poder ganar, ni modo pero yo tengo que luchar’. Yo luché y voy a seguir luchando”–

II                       

LA TRAGEDIA QUE NO ENCUENTRA FIN

19 de febrero de 2006. 02:30 horas: una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, de Industrial Minera México (IMMSA), filial del Grupo México, deja a 65 mineros atrapados.

El dolor y la desesperanza se apersona a las afueras de la mina. Ahí se quedará. Pasará un año y los familiares de los obreros se quedarán a dormir alrededor de la mina a la espera del rescate.

La mina cuenta con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36, trabajadores de la contratista.

El siniestro deja 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 65 viudas, [un minero es soltero y otro viudo, se conocerá pronto].

Vicente Fox Quesada, Presidente de la República y Humberto Moreira Valdés, Gobernador de Coahuila, se deslindan.

La filial de Grupo México promete a los familiares pagar el triple del salario de los trabajadores atrapados.

Es viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anuncian que ya no hay condiciones de vida en la mina y declaran a los trabajadores muertos.

Los meses pasan. Nadie queda conforme. Así, llega el 23 de junio cuando encuentran el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna. Luego, en el Año Nuevo de 2007, hallan a José Manuel Peña Saucedo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la primera recomendación al respecto el 17 de julio de 2006. El organismo concluye que existen violaciones a los derechos humanos ya que funcionarios de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.

Un año después de la explosión, Grupo México suspende el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “Sida”:

“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la Mina Pasta de Conchos y Resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles Santo.

Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces Gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.

Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.

Comments

comments