Desaparecen policías comunitarias y rurales de Guerrero

El Congreso de Guerrero aprobó la reforma al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de derecho y cultura indígena, reforma que desaparece la figura de policías comunitarias y rurales.

Fueron 40 votos a favor y uno en contra los que obtuvo la iniciativa de reforma de uno de los temas más polémicos de la 61 legislatura, sobre la normativa de funcionamiento de las policías comunitarias.

Se trata de la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores, misma que fue cuestionada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) bajo el argumento de que representa una traición para los pueblos originarios de la entidad.

El diputado priísta Samuel Reséndiz Peñaloza, fue quien presentó el dictamen y recordó que sobre el tema se presentaron iniciativas propuestas por el gobernador Héctor Astudillo Flores, el Movimiento Ciudadano (MC), Morena y la fracción del PRD.

De acuerdo con la propuesta de la comisión de Estudios Constitucionales, en el dictamen puesto a consideración originalmente se cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tras la captura de Nestora Salgado García, ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, recomendó adecuar el marco legal para que los sistemas normativos de los pueblos indígenas y afromexicanos, no choquen con el marco jurídico constitucional.

Tras llegar a acuerdos con las diferentes fracciones parlamentarias, finalmente el pleno del Congreso local llevó a cabo la segunda lectura del artículo 14 Constitucional que da certeza del desarrollo de las acciones de las comunidades indígenas, quedando la propuesta enviada por el gobernador del estado en el que se eliminan las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.

Samuel Reséndiz consideró necesario precisar que la ley de la materia establece las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos, principalmente en materia de seguridad pública y de administración de justicia.

Por su parte, la diputada Maricarmen Cabrera Lagunas, quien pertenece a la fracción del PRD, pero habló a nombre de Morena, luego de que el 01 de julio ganó la diputación federal postulada por dicho partido, manifestó su rechazo al dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales bajo el argumento de que le quitaba sus derechos a los pueblos indígenas, dejándolos en la indefensión, por lo que exigió regresar el dictamen a la Comisión, por lo que adelantaba que su voto sería en contra.

“Es una falacia legislativa, pretender construir todo un marco jurídico integral en materia de derechos y cultura indígena a partir de esta redacción. No pretendan engañar a los pueblos originarios con una mentira tan burda”, dijo la legisladora; pero al final y luego de algunas adecuaciones su voto fue a favor.

Quien voto en contra de la propuesta, María de Jesús Cisneros Martínez, criticó el hecho de que las fuerzas políticas que hacen mayoría en el Congreso local “vean la tempestad y no se hinquen”, pero además: sean “incapaces de renunciar al mayoriteo”, y sentenció: “quienes aprueben esta reforma constitucional desesperada cometen un aco de traición”.

El coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco Deaquino sostuvo en tribuna que la iniciativa de reforma al artículo 14 propuesta por el gobernador Héctor Astudillo Flores resultaba menos lesiva para las comunidades indígenas que la redacción planteada por la Comisión de Estudios Constitucionales.

Cuauhtémoc Salgado Romero, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales propuso una modificación a la redacción de dictamen que generara el consenso.

Ante las diferentes reacciones, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos tuvo que hacer modificaciones al dictamen; presentó al pleno un dictamen en el que se establece que los jueces del Poder Judicial del estado tendrían que validar las resoluciones de los sistemas de justicia comunitarios, y después de esta propuesta varios diputados, de PRD y MC, afirmaron en tribuna que era menos violatoria a los derechos indígenas la propuesta del gobernador, que fue la que finalmente se aprobó.

La modificación que quedó en los siguientes términos: “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad publica, impartición de justica y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus sistemas normativos, tratándose de delitos que afecten vienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se establecerá lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que era necesario aprobar esa reforma, y contradijo a la legisladora morenista, al mencionar que archivar el caso y eludir su responsabilidad implicaba fallar al mandato constitucional del Congreso.

EL FINANCIERO

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