Congreso reforma 10 leyes en Xalapa

Xalapa, Ver.- A partir del pasado viernes, la Gaceta Oficial del Estado publicó más de diez ordenamientos aprobados por el Congreso local, con lo cual inicia vigencia.
Lo anterior, a menos de 60 días de que la actual 64 Legislatura finalice su ejercicio y transfiera la estafeta a la próxima generación de parlamentarios, con mayoría del Partido Morena.

Las reformas que fueron incluidas son a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad; a la Ley de Planeación; Ley Orgánica del Municipio Libre; a la Ley de Salud; a la Ley de Obras Públicas, Ley Estatal de Educación; a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Veracruz; a la Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz; a la Ley Contra el Ruido; a la Ley de Protección a los Animales; a la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud; a la Ley de Agua del Estado de Veracruz y a la Ley Transparencia y Acceso a la Información.

De igual forma, al Código Penal para el Estado de Veracruz; al Código Financiero, por lo que luego de haber sido aprobadas, algunas hasta hace más de 3 meses, finalmente entrarán en vigor en los plazos establecidos en cada una.
Entre las leyes que ahora cobrarán vigencia destaca la Ley para la Integración para las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, que entre otros conceptos obligará a empresas y al servicio público a que el 3 por ciento de su plantilla laboral esté integrada por personas con discapacidad.

La empresa o dependencia que no cumpla se puede hacer acreedora a una sanción de entre 100 y mil unidades de medida y actualización (UMA).
Otro de los estatutos que entra en funciones es el Código Financiero del Estado, que palabras más o palabras menos, obligará a las escuelas públicas a convocar a licitaciones para los servicios de proveeduría de alimentos, bebidas y golosinas.

Hasta ahora, las tiendas escolares se han regulado a través de diversos actos administrativos como lineamientos, oficios, circulares, acuerdos y actas con los que operan las licitaciones de venta de alimentos dentro de las escuelas, tanto a nivel federal como local, aunque sin un sustento normativo que apareciera en ley alguna.

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